EH Bildu está en fase de recibir aportaciones para una ley de empoderamiento de la ciudadanía cuyo objetivo es «el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria de los mecanismos de las consultas populares y otras formas y mecanismos de participación ciudadana institucionalizada en el ámbito competencial del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y las entidades locales». Dicen buscar que la ciudadanía –en este caso la de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa– pueda decidir sobre las cuestiones determinantes para su futuro. Y, a su entender, la aprobación de esta ley permitiría hacer consultas ya el próximo año.

Al lehendakari le preguntaron ayer sobre esta cuestión en Radio Euskadi. La periodista apuntó que «sobre la mesa hay una ley de consultas. EH Bildu dice que si se quiere se podrá consultar a la ciudadanía el año que viene, que es cuestión de voluntad política».

El lehendakari respondió que «pues eso de que si se quiere se puede, si se quiere tener carácter vinculante y se quiere que tenga carácter legal, no parece que si se quiere se puede». Y añadió que «si se quiere se puede convocar consultas con cajas de zapatos, o se pueden organizar con urnas sin ninguna validez jurídica. Yo creo que a la ciudadanía hay que plantearle las cosas de manera seria».

Lo serio, a su entender, es la propuesta de su Gobierno y del PNV, «al plantear el ejercicio del derecho a decidir, el ejercicio democrático, desde lo que es una consulta legal y pactada. Lo hemos visto en otros ámbitos, como el de Escocia».

El director del programa le inquirió entonces si tiene sentido apelar a la bilateralidad si la otra parte dice que no es posible. A lo que el lehendakari contestó que «tiene sentido, desde lo que es un espíritu de pacto, que es del que nació el Estatuto de Gernika».

Referéndum de una reforma

Lo cierto es que hasta la fecha ni el lehendakari ni su partido han hecho pública una propuesta concreta de ninguna consulta. El programa de Gobierno de Urkullu, que matiza el compromiso electoral del PNV, propone que una «ponencia parlamentaria elaborará un texto articulado que será remitido para su aprobación por la Cámara». Y después recoge «someter al contraste popular el resultado de la ponencia sobre autogobierno».

En términos más sencillos, la propuesta es hacer una reforma del estatuto de autonomía y, como manda la ley, someterla a referéndum para su aprobación.

Por otra parte, el programa electoral recogía textualmente que «el PNV se compromete a elaborar una ley que regule las consultas a la ciudadanía como un instrumento de práctica, profundización e innovación democrática. La normativa regulará aquellas materias sobre las que la ciudadanía tiene derecho a ser consultada y qué procedimientos deben ser utilizados en cada caso».

Sin embargo, el Gobierno de Urkullu no introdujo esta ley entre sus proyectos.