Si accedemos a la web oficial de la Unión Europea (europa.eu/index_es.htm) y hacemos click en el primer apartado, titulado “Acerca de la UE”, y después en “Adhesión...”, leeremos lo siguiente: «Para ser miembro de la UE hay que seguir un procedimiento que no se resuelve de un día para otro. Cuando un país solicitante reúne las condiciones para ello, debe aplicar la normativa de la UE en todos los ámbitos».

La primera parte del enunciado es incuestionable: no se entra en la Unión de la noche a la mañana, aunque también es evidente que los ritmos han sido muy diferentes según los casos. En cambio, la segunda frase no se corresponde con la realidad de los hechos: se puede ser un Estado miembro de la UE quedándose fuera de algunos de sus marcos legales más importantes.

Algunos estados han logrado más de una «opt-out», término inglés (contracción de opting-out) con el que se resume la opción de no aplicar en su territorio ciertas políticas comunitarias. A este reducido club pertenecen Gran Bretaña, Irlanda, el Reino de Dinamarca y la República de Polonia. Cuatro socios que han impuesto sus propios límites a los tratados que han ido conformando la UE como una unión, primero, económica y, después y en menor medida, política.

No hay moneda única

Comenzando por lo más conocido: el Banco de Inglaterra continúa emitiendo libras esterlinas, mientras que el Banco Nacional de Dinamarca sigue imprimiendo sus coronas. Es decir, el indicador básico de sus economías no es el euro y, si uno viaja a Londres, Edimburgo o Copenhague, tendrá que acudir a las oficinas de cambio, o a una entidad bancaria, para llevar en el bolsillo la moneda necesaria para hacer cualquier compra. Si se utiliza la tarjeta de crédito/débito, también será necesario que realice mentalmente ese cambio en cada operación si luego no quiere llevarse una desagradable sorpresa. Técnicamente, el Estado británico y el danés están exentos de la obligación de sumarse a la Unión Económica y Monetaria (UEM).

También el Banco de Suecia emite coronas en lugar de euros, pero se considera que esta es una opt-out solo de facto porque legalmente forma parte de la UEM y mantiene el compromiso de ingresar en el euro cuando así lo decida la ciudadanía sueca, que en 2013 lo rechazó en referéndum.

El euro tampoco rige en Polonia, República Checa, Hungría, Croacia, Rumanía y Bulgaria, pero los seis han asumido la obligación de cumplir los requisitos necesarios para formar parte de la eurozona a medio plazo (en ningún caso antes de 2019).

El espacio Schengen

Para saltar de la zona del euro al espacio Schengen hay que modificar bastante los límites porque, aunque solo hay dos Estados miembros que se negaron a abolir los controles fronterizos para los ciudadanos procedentes de otros países de la UE –Irlanda y el Reino Unido–, hay cuatro «exteriores» –Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein– que sí aplican este acuerdo, al que se dio forma entre 1985 y 1990.

En plena crisis de los refugiados, cada vez se oyen más voces reclamando que las condiciones que impone el espacio Schengen para garantizar la libre circulación de personas sean derogadas; hay quien lo solicita como medida excepcional, pero para otros es un elemento clave de su ideario político, como han dejado claro los mandatarios del Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia).

Seguridad y Justicia

Ni siquiera el denominado «espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores» (ELSJ) consagrado por el Tratado de Ámsterdam (en vigor desde 1999) ha cosechado la unanimidad de los Veintiocho.

En esta ocasión también tenemos que hablar de Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca, aunque entre ellos se da una curiosa diferencia. Mientras los nórdicos mantienen por ahora el derecho a aplicar la opt-out sobre el conjunto del cuerpo legal del ELSJ, Dublín y Londres se han dado la posibilidad de pasar a la fórmula «opt-in» caso por caso, que les permite aplicar solo algunas de las políticas de justicia e interior que deriven del Tratado de Lisboa, firmado en 2007.

Ciudadanía «europea» y Defensa

El pequeño país escandinavo es el que cuenta con más opt-outs, puesto que a las ya mencionadas hay que añadir que está exento tanto de la política común de seguridad y defensa como de la normativa que regula la «ciudadanía de la Unión Europea».

En el Acuerdo de Edimburgo, de 1992, logró quedar excluido porque quería que se explicitara que la «ciudadanía nacional» no puede ser sustituida por la «europea», lo que quedó plasmado así en la redacción del Tratado de Ámsterdam.

Dinamarca también se autoexcluyó de la Unión de Europa Occidental (UEO), ente fantasma surgido bajo el paraguas de la OTAN que se disolvió en 2011, al entrar en vigor el Tratado de Lisboa. No obstante, la opt-out danesa sigue vigente porque no toma parte en las decisiones que adopta la UE en materia de seguridad común y política exterior.

El posible eje Londres-Varsovia

Gran Bretaña y Polonia comparten una opt-out a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: en caso de que la normativa comunitaria choque con la propia de estos dos estados, prevalecerá la legislación nacional.

Con el triunfo electoral cosechado el pasado domingo por el partido Ley y Justicia (PiS), hay quien vislumbra un eje británico-polaco que, más allá de las opt-outs, impulse una auténtica «división» de los Estados entre los que están obligados a cumplir las normas de la UE «en todos los ámbitos» y los que no tienen por qué hacerlo.

En estos momentos, David Cameron se halla ante un gran reto político: el referéndum con la pregunta «¿Debería Reino Unido permanecer como miembro de la UE?». El líder del Partido Conservador tiene previsto hacer campaña por el “Sí”, pero antes necesita arrancar de Bruselas un nuevo paquete de excepciones, como la que permitiría a Londres cerrar la puerta a inmigrantes de otros Estados miembros de la UE. Probablemente, en estas negociaciones, el premier británico contará con el respaldo del Gobierno polaco.