El anuncio de Candy Hoover, hace justo un año, de trasladar a China su producción de lavadoras de carga superior dejó en la estacada a 152 trabajadores que, sin embargo, no se resignaron a aceptar el cierre de la empresa en la que habían trabajado gran parte de sus vidas.

Con el apoyo del anterior equipo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa y de Mondragon Unibertsitatea, barajaron diversas posibilidades para reiniciar la actividad, teniendo en cuenta que la compañía propietaria de la planta puso como condición para ceder las instalaciones que no se implantara ninguna actividad relacionada con el sector de electrodomésticos. Así, en un primer momento, consiguieron cerrar un acuerdo con la empresa Optimize de Luxemburgo para fabricar motos eléctricas, aunque este proyecto no salió adelante.

En un segundo intento, el pasado mes de junio, se presentaron dos proyectos en el ámbito del reciclaje, uno de ellos para la fabricación de piezas de automoción y otro de mobiliario urbano y, al final, todo parece indicar que es este último el que tiene mayores posibilidades de salir adelante, ya que cuenta con el apoyo de todas las instituciones implicadas.

Así, según ha podido saber este diario, el grupo de extrabajadores de Candy que ha decidido implicarse en el proyecto ha suscrito ya un acuerdo con Urbanext, empresa francesa dedicada a la fabricación de mobiliario urbano con material «tetrapack» reciclado (bancos y mesas, maceteros, terrazas o vallados).

Este proyecto, en el que Urbanext aporta el 80% del capital y los trabajadores el 20% restante, prevé crear 50 puestos de trabajo y utilizará las actuales instalaciones de la empresa, a diferencia del proyecto para fabricar piezas de automoción, promovido por emprendedores locales, que requeriría de una infraestructura más amplia, además de que solo emplearía a entre 20 y 25 trabajadores.

El proyecto está ya muy avanzado, pues ha recibido el apoyo de diversas instituciones, que confirman su viabilidad. Entre ellas se encuentran las sociedades de garantía recíproca Oinarri y Elkargi, que han accedido a conceder un préstamo a la empresa en caso de que presente las garantías suficientes, así como Gauzatu, que ofrece ayudas a proyectos innovadores.

Con estas fuentes de financiación, que servirán de apoyo a la aportación efectuada por los trabajadores y por la empresa Urbanext, solo faltaría el apoyo de Lanpar (Lan Partekatua), una sociedad de capital riesgo creada por el Gobierno de Gasteiz que promueve la participación de los trabajadores en el capital de aquellas empresas que estén trabajando por su relanzamiento.

Este apoyo se materializa a través de préstamos participativos, y las condiciones que se requieren consisten, por ejemplo, en que los trabajadores dispongan del 20% del accionariado de la empresa, y que accedan a la asesoría de ASLE, la agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi.

Ambas condiciones ya se cumplen con creces en este proyecto, por lo que los trabajadores esperan que Lanpar conceda próximamente su visto bueno.

Participación social

Precisamente, el proyecto diseñado para reflotar Candy presenta unas características muy innovadoras en cuanto a la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, similares a las de las cooperativas.

Según destacan a este diario fuentes conocedoras del proceso, Urbanext tiene la voluntad de desarrollar una filosofía de gestión de sus actividades en la que participen sus trabajadores, con el objetivo de buscar su «implicación y compromiso».

Así, además de su participación en el accionariado, los trabajadores estarán presentes en el Consejo de Administración, y al mismo tiempo tomarán parte en una comisión de seguimiento –en la que se daría cabida también a representantes institucionales–, que supervisará los acuerdos alcanzados en torno a la puesta en marcha del proyecto y podrá hacer un seguimiento de la cuenta de resultados o de las inversiones

El visto bueno de esta comisión será necesario para tomar decisiones estratégicas, de tal forma que incluso podrá echar atrás las decisiones del Consejo de Administración en caso de que se consideren lesivas para la consolidación del proyecto. Así, por ejemplo, tendrá capacidad para vetar desinversiones, traslados de inmovilizado o deslocalizaciones tanto del proceso productivo como de la tecnología o de la cartera de clientes.