El Tribunal Constitucional español se pliega a medias a las exigencias del recurso presentado por el Gobierno y pone en el punto de mira a 21 altos cargos catalanes en caso de que incumplan la suspensión de la declaración de desconexión aprobada el lunes. Los once magistrados, reunidos ayer por la tarde, aceptaron por unanimidad las alegaciones del Ejecutivo, ordenaron la paralización del texto independentista y, como medida inédita, aceptaron notificar personalmente a 21 altos cargos catalanes del veto, amenazándoles con «consecuencias penales» en caso de incumplimiento.

Lo que no incluyeron los togados fue referencia alguna a la reforma exprés del TC que aprobó el PP al final de la legislatura y que les permite suspender a un funcionario en caso de desobediencia. El Ejecutivo había añadido a su recurso una mención al artículo 92.4 b de la citada norma, pero los magistrados la omitieron en su providencia.

Al final, 48 horas después de que Junts Pel Si y la CUP aprobasen la declaración que pone en marcha el inicio de la República catalana, se cumplen las previsiones de suspensión por parte del TC. Era lógico, ya que en caso de que el recurso se admitiese a trámite (y nadie dudaba de lo contrario), se decreta la paralización directamente si el Gobierno lo ha reclamado. Sin embargo, a lo que el TC no llega es a mencionar la reforma exprés del PP, tal y como demandaba también el recurso.

Esto no puede interpretarse como una desavenencia con Rajoy, sino más bien como una adecuación de los tiempos. Según la normativa, el proceso que puede terminar con el relevo de un cargo se inicia en el momento en el que la desobediencia se hace efectiva. Es decir, el TC se guarda este as en la manga ante los anuncios de Junts Pel Si y la CUP de que seguirán adelante.

Los jueces sí que señalan directamente a las instituciones del Principat. Concretamente, a Artur Mas, president en funciones, así como todo su Govern; a Carme Forcadell, presidenta del Parlament; a los miembros de la direccion de la Cámara y al secretario general. A todos ellos, se les emplaza directamente, ordenando notificarles en persona el veto y advirtiéndoles «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

A partir de este momento, el guión previsto ha llegado a su fin. Ahora, tras la suspensión, queda ver de qué manera hacen efectiva la anunciada desobediencia los miembros de la mayoría parlamentaria catalana y cómo responden los magistrados. No se puede olvidar que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, es exmilitante del PP. Y que todos los togados secundan por unanimidad las advertencias.

Rajoy: «No voy a aceptarlo»

Por la mañana, una hora después de que la Abogada del Estado presentase el recurso ante el TC, el presidente español, Mariano Rajoy, salía a marcar músculo y apuntaba las líneas maestras de la ofensiva del Estado. «No se trata de la reacción ante la iniciativa de un parlamento, sino la defensa de todo un país», afirmaba. Como es habitual, se parapetó tras las leyes y a estas las envolvió en la bandera española. «Persiguen vulnerar la Constitución, incumplir el Estatuto y cuestionar la integridad de España», certificó.

Al margen del argumentario habitual, basado en que la «soberanía está en manos del pueblo español», Mariano Rajoy no quiso entrar en los pasos inmediatamente posteriores. Amagó pero no concretó, al margen de señalar a los 21 altos cargos que, finalmente, han sido notificados personalmente por orden del TC. «Me gustaría no tener que tomar ninguna decisión más. Pero soy el presidente del Gobierno y no voy a aceptar que liquiden las normas de convivencia. Si no se cumplen las resoluciones, el Gobierno actuará. Lo hará con firmeza y con proporcionalidad, pero lo hará», aseguró, sin entrar a profundizar en cuestiones como el artículo 155 de la Constitución, pero sin descartar tampoco su uso.

En las últimas semanas, Rajoy ha mantenido encuentros tanto con las formaciones políticas españolas como con patronal y sindicatos. Unas reuniones que le permiten sentirse arropado, ya que tanto Pedro Sánchez (PSOE), como Albert Rivera (Ciudadanos) se han puesto a rueda y han apoyado cualquier medida beligerante contra la mayoría parlamentaria catalana.

Hasta el momento, Rajoy ha lanzado sus mensajes a cientos de kilómetros de Catalunya. El lunes desde Béjar (Salamanca) y ayer desde Moncloa. El sábado será el día en el que aterrice en Barcelona para, rodeado de los suyos, presentarse como garante de la «unidad de España». Lo hará en un acto electoral del PP, que ha elegido la capital del Principat para presentar a sus cabezas de lista al Congreso español, en un evento que apunta a desembarco unionista espoleado por los jueces del TC. Todavía tiene un arsenal de amenazas contra el proceso catalán.