La reforma fiscal que se va a tramitar en el Parlamento de Nafarroa mantiene la cláusula que permite a la Universidad y los colegios del Opus ofertar matrículas gratuitas sin que ello tenga consideración de pago en especie. Esta exención se creó en 2011, el mismo año en que los inspectores de Hacienda investigaban a la congregación religiosa por no haber declarado nunca por este concepto. La intervención de la exvicepresidenta Lourdes Goicoechea para intentar parar la sanción a la Universidad de Navarra por considerarla «una faena» acabó desembocando en una de las crisis más severas que se recuerdan dentro de la Hacienda Foral. La nueva reforma fiscal del Gobierno de Uxue Barkos mantiene esta salvedad, pero aún debe pasar por el Parlamento, por lo que aún es factible modificarla.

La clave para comprender el escándalo radica en la Ley de IRPF de 2008, que incluye como pago en especie (es decir, tiene que tributarse como parte del salario del trabajador) «las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado inclusive». Pese a la claridad de lo que indica la norma, los trabajadores de las empresas del Opus Dei en Nafarroa siempre han tenido gratis los estudios de sus hijos en la Universidad y sus colegios en Iruñea y jamás lo han declarado, según reconoció el Ejecutivo.

En 2011, UPN y PSN cambiaron el articulado de la ley añadiendo un punto nuevo (indicado con la letra «E») para que el pago de los estudios de los familiares de empleados de «centros autorizados» no tenga que tributarse y no tenga efectos de cara al IRPF. Cabe remarcar que el coste de los estudios en la Universidad de Navarra es bastante considerable, siendo la media del coste de la matrícula superior a los 10.000 euros al año.

Acta sancionadora de Hacienda

Curiosamente, esta modificación que realizaron UPN y PSN coincidió en el tiempo con una investigación de los inspectores de la Hacienda Foral. Al detectar que la Universidad no había pagado nunca por este motivo, los inspectores deciden levantar un acta de inspección y sancionar al centro. Como ya reveló este periódico, el número de ese acta es el 863059. El problema es que para cuando los inspectores tuvieron listo el informe, UPN y PSN ya habían modificado la ley. No obstante, en una demostración de independencia, los técnicos Hacienda sancionaron a la Universidad por los ejercicios anteriores (2008-2011). Es en ese momento cuando intervino la consejera Goicoechea y, en lugar de defender a los funcionarios, tomó postura en favor de la Universidad.

La mano derecha de Barcina intentó eliminar esta sanción (que ascendía a 1,5 millones), según reconoció en la comisión de investigación creada para aclarar este y otros asuntos. Justificó su intervención en el caso en que «la inspección no guardaba coherencia» con la modificación legal que acababan de realizar y que era «una faena» al Opus. La entonces directora de Hacienda, Idoia Nieves, entendió las intervenciones de la consejera como «presiones» e incluso «injerencias» y por eso las incluyó entre los motivos de su dimisión, junto con Osasuna y VW.

La vía de las enmiendas

Para poner fin al trato de favor hacia la misión apostólica opusiana, bastará con eliminar la cláusula introducida en la ley 20/2011 y volver a la redacción original de 2008. Debido a que el proyecto de reforma fiscal está ya en una fase muy avanzada, la mejor forma sería ya a través de enmiendas al proyecto que ha elaborado el consejero Mikel Aranburu, que próximamente será estudiado en el Parlamento navarro. Según ha podido saber GARA, el grupo de EH Bildu en el Parlamento trabaja ya en una enmienda con ese objetivo.

La sentencia que dejó en evidencia al Gobierno de Barcina

«Me parece una faena [...], yo creo que no es buena política. Lo voy a comentar con la Presidenta ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad». Esta frase forma parte de un correo enviado por la exconsejera Lourdes Goicocechea a la gerente de Hacienda que acabó dimitiendo por las presiones, Idoia Nieves. No obstante, su intervenció no logró parar el acta de sanción que los inspectores levantaron contra la Universidad de Navarra por el escándalo de las matrículas gratuitas. Pese a todo, Goicoechea impidió que la sanción se ejecutara amparándose en que ella no compartía el criterio de los técnicos. Mientras tanto, la Universidad de Navarra se encomendó a Eugenio Simón Acosta, su catedrático en Derecho Tributario, para recurrir la sanción. El caso quedó en manos del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra (TEAFN) que falló en marzo y ratificó la sanción de los inspectores. Entre otras cosas, la sentencia dice «la interesada nada declaró en concepto de retribuciones no dinerarias del trabajo a lo largo de los períodos que se contraen las actuaciones inspectoras y, desde luego, alguna cantidad sí debió ser objeto de declaración». Finalmente, el TEAFN modificó los criterios que los técnicos de Hacienda emplearon para cantidad de dinero que se defraudó durante esos años, ya que no considera válido tomar el valor de mercado de la matrícula de la Universidad.A.I.