Primero de todo, y para deshacer equívocos: Junts pel Sí y la CUP no llegaron ayer a ningún acuerdo. Tal y como estaba anunciado, los equipos negociadores de ambas partes cerraron ayer el ciclo de conversaciones, tras lo cual la coalición formada por CDC, ERC y numerosos independientes hizo pública la propuesta de acuerdo definitiva que ahora la CUP trasladará a su militancia. Lo hará esta semana a través de las asambleas territoriales, tras lo cual celebrará una crucial asamblea nacional en Girona. Será entonces, el domingo, cuando la militancia de la CUP avale o rechace el acuerdo propuesto ayer.

Aclarado el entuerto, vayamos a la letra pequeña. En un documento de 61 páginas titulado «Propuesta de acuerdo hacia la independencia», Junts pel Sí mantiene la fórmula de Govern explicada por Artur Mas durante el segundo debate de investidura. Es decir, el ahora president en funciones sigue siendo el candidato indiscutible a encabezar un Govern que tendrá tres potentes áreas ejecutivas, cuyos titulares recibirán también el rango de president. «No investimos un president, investimos una presidencia de transición», explicó ayer el que fuera cabeza de lista de JxSí, Raül Romeva, que trató de maquillar lo que no es sino la posición que la coalición viene manteniendo durante todas las negociaciones. Eso sí, junto a la fórmula de gobierno se mantiene el compromiso a presentar una moción de confianza durante el segundo semestre, con el objetivo de ofrecer a la CUP la posibilidad de tumbar al Govern si no cumple con lo pactado.

Hasta aquí, ninguna novedad. Las expectativas estaban centradas en la propuesta del plan de choque contra la situación de emergencia social, ya que una parte de la CUP está dispuesta a aceptar la investidura si a cambio se aplica un plan de choque efectivo. Habrá que esperar al domingo para ver si la propuesta de ayer, modesta pero económicamente viable según señaló Romeva, es suficiente.

El plan de choque contempla varias medidas de aplicación inmediata contra la pobreza infantil (aumento de las becas-comedor), la pobreza energética (aplicación de la ley catalana suspendida por el Tribunal Constitucional) y la emergencia habitacional (cero desahucios). La propuesta añade otras medidas a aplicar durante los 18 meses de legislatura, como la recuperación de la Renta Mínima de Inserción o la financiación de los servicios para personas en situación de dependencia.

Junto a estas medidas, la oferta incluye algunos puntos clave para la CUP, por ejemplo la paralización del complejo hotelero y de casinos BCN World. Otros asuntos delicados, como la privatización de Aïgues Ter-Llobregat (ATLL), quedan para ser discutidos durante el proceso constituyente.

En resumen, la música del plan de choque no suena mal, pero en la letra pequeña cabe destacar que la dotación presupuestaria del programa es de cerca de 270 millones de euros. No es nada comparado con la propuesta de 6.900 millones lanzada por la CUP hace unas semanas. No es poco si se tiene en cuenta que la caja de la Generalitat está a cero y que cada euro que entra está vigilado con lupa por el Ministerio de Hacienda español. Todo depende de la vara de medir.

Saltarse el TC

Junto al plan de choque y al diseño de la fase inicial del proceso constituyente, la propuesta de Junts pel Sí incluye el compromiso de seguir adelante con la hoja de ruta de 18 meses con la que la coalición se presentó a las elecciones del 27S. Lo contrario sería un fraude, naturalmente, pero cabe destacar que, en este bloque de la hoja de ruta, la propuesta incluye «desplegar» la Declaración de desconexión aprobada por el Parlament el 9 de noviembre, así como el anexo que blinda los derechos fundamentales frente a la ofensiva del Estado. Ambos textos fueron suspendidos por la vía rápida por el TC, previo recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Conviene, por lo tanto, remarcarlo: pese al TC, la propuesta de Junts pel Sí tiene un apartado titulado «Despliegue de la declaración y del anexo» y otro que recoge las «medidas para hacerlo viable». Es decir: asume saltarse la suspensión del TC y seguir adelante con lo aprobado por el Parlament. Eso sí, a ambos apartados les falta concreción y calendarización específica. Y la confianza en la buena voluntad de la otra parte, como ya se sabe, no abunda en las negociaciones entre JxSí y la CUP.

De hecho, para tratar de establecer un mínimo de confianza, la propuesta incluye varios «mecanismos de seguimiento y monitorización del cumplimiento del pacto de Transición Nacional», como pueden ser la comisión de coordinación de los grupos parlamentarios o el grupo de trabajo presupuestario. La máxima medida de fiscalización que JxSí ofrece a la CUP, en cualquier caso, es la cuestión de confianza a la que el president se sometería «para evaluar el cumplimiento de estos acuerdos en el transcurso del segundo semestre de 2016», según se lee en el documento.