La mujer que en la madrugada del miércoles murió en el cajero automático del Boulevard donostiarra donde últimamente pasaba las noches es la segunda persona sin hogar fallecida en Donostia en el mes de enero, y las causas «naturales» o «accidentales» de esas muertes no pueden solapar la cruda realidad de exclusión social que afrontan muchas personas.

Ciertamente se trata de un problema complejo y simplificarlo no ayuda demasiado a la hora de buscar soluciones. Sin embargo, hay evidencias de que esos fallecimientos no son naturales ni accidentales, como la elevada cantidad de personas que pernoctan en la calle; más de 300 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al menos una cuarta parte de ellas en Donostia, una ciudad que cuenta con 14.000 casas vacías. No hay soluciones mágicas, no existe una fórmula que abarque toda la casuística de las personas sin hogar, pero esa realidad exige medidas que, como mínimo, garanticen la subsistencia de todas ellas, respetando su libertad, pero facilitando los recursos necesarios para evitar las condiciones extremas que a menudo terminan en drama personal y social. La gran cantidad de viviendas vacías susceptibles en muchos casos de ser utilizadas para alquileres sociales suponen una posibilidad de garantizar esa subsistencia, y precisamente en Donostia los anteriores responsables municipales comenzaron a actuar en esa dirección, si bien los actuales han frenado la iniciativa.

La breve distancia en metros entre el lugar donde murió una mujer sin hogar y el Paseo de Miraconcha, entorno donde el precio de la vivienda es el más elevado del Estado, resulta abismal en lo que a los recursos de sus habitantes se refiere. Esa distancia física permanece invariable, pero las diferencias entre algunos ciudadanos y la gran mayoría aumenta obscenamente, como refleja el reciente informe de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo. Una terrible realidad que solo llega a los titulares cuando la muerte, de hambre, frío o abandono, se presenta.