Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, recibe a GARA en el hotel Palco de La Habana, en el mismo sitio donde durante dos años acompañó las conversaciones entre el ELN y el entonces presidente Álvaro Uribe. Comprometido con lograr una solución dialogada al conflicto, afirma que son cada vez menos los sectores opuestos y destaca la alta participación y ambiente de respeto en los foros organizados junto a la ONU.

¿Es consciente la sociedad colombiana de la importancia de este proceso?

Estamos ante un conflicto que fundamentalmente se ha expresado en el ámbito rural. El mundo urbano, mayoritario, lo vive como algo lejano, como si ocurriera en Asia o África. No diría que hay una opinión contraria al proceso sino, simplemente, de cierta indiferencia. Sin embargo, para las poblaciones de las regiones en conflicto, que representan casi toda la periferia fronteriza, la guerra es un factor determinante en sus vidas. Al principio del proceso, había mucha más expectativa pero también mayor polarización y, si se quiere, había más sectores escépticos y contrarios. Pero en la medida en que ha avanzado y se han ido firmando acuerdos, la desconfianza ha ido cediendo. En los foros vemos que quienes mantenían posiciones distantes están participando y presentan sus propuestas. No importa si están a favor o en contra, lo importante es que participen. En el último foro sobre fin de conflicto y refrendación, militares en retiro, partidos políticos de distinto tipo… tuvieron una presencia muy importante. Reinó un clima de respeto. Ese es un síntoma muy interesante. Pero aunque en eso hemos avanzado, los colombianos, medios de comunicación, universidades, iglesias, partidos... tenemos gran responsabilidad en la promoción de una pedagogía de paz.

Desde el Centro de Pensamiento hace un año convocamos a cuatro de las universidades más importantes del país, privadas y públicas, y hemos logrado una buena alianza con Canal Capital para transmitir en directo unos foros que estamos haciendo sobre temas sensibles –refrendación de los acuerdos, desarme y seguridad, justicia para la paz, el proceso con el ELN–. En marzo haremos uno sobre los costes y beneficios de la paz. Es un primer paso dentro del compromiso que tenemos como universidades en la tarea de ayudar a construir los cambios culturales que necesitamos los colombianos para pensar en un periodo posacuerdo positivo.

¿Por qué la paz tiene más costes políticos que la guerra?

El exministro israelí Shlomo Ben Ami, uno de los asesores del presidente Santos, siempre dice que es mucho más fácil vender la guerra porque tiende a unir a un grupo social, a una comunidad política frente a la amenaza de un enemigo que nos va a destruir y atacar, por lo que tenemos que unirnos para vencerlo. Esa idea se vende fácilmente. La paz implica tener que ponernos de acuerdo sobre la resolución de los problemas, pero también sobre qué tipo de futuro queremos. Ahí es donde se produce un choque entre las expectativas de futuro y cómo reciclar el pasado. Son pocos los colombianos que no tienen un familiar cercano víctima de cualquiera de los actores. Cuando una sociedad vive eso, abordar esa historia es muy complejo. A eso debemos añadirle un elemento que no se menciona mucho pero que está ligado con el sentido común que, como dicen muchos colegas, es el menos común de los sentidos. Es muy difícil que alguien pueda ganar en una guerra irregular.

Lo que una solución negociada aporta a una guerra irregular es, además, un principio de realismo, en el sentido de que ya hemos hecho un esfuerzo militar importante, hemos logrado éxitos militares, pero finalizar el conflicto requiere realismo y el realismo es sentarse con los adversarios y encontrar una fórmula razonada de terminación del conflicto, pero sobre todo de construcción de futuro, en el cual vamos a tener que convivir quienes ayer éramos enemigos.

Eso no es tan fácil de vender y genera controversia. En Colombia hubo una campaña muy exitosa para vender la guerra y la idea del «terrorista enemigo».

En un entorno social como el nuestro, con tantos dolores y probablemente odios, ese tipo de discursos tiene acogida.

Los adversarios del proceso hablan de paz sin impunidad, que lleve a pudrirse a la cárcel a los jefes de la guerrilla. Eso, obviamente, es una estrategia para hacer inviable la paz pero sin asumir el coste político de decir «yo quiero la guerra».

Pero también tenemos un número extraordinario de víctimas que todos los días nos muestran su capacidad de perdón y reconciliación.

¿Cómo valora la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz que, para figuras políticas como el británico Jonathan Powell, sienta un precedente?

Es un esfuerzo y aporte extraordinario el que hicieron los equipos de juristas de ambas delegaciones. No era un problema sencillo. La cuestión era cómo compatibilizar estándares de justicia con el anhelo de paz, problema que no teníamos hace 20 años cuando no existía la Corte Penal Internacional. Terminar un conflicto armado interno requiere –y ese es el sentido de la justicia transicional–, sacrificar un poco de lo que podríamos llamar clásicamente «justicia punitiva». Ha habido un debate muy interesante entre los colegas juristas sobre si justicia equivale sólo a cárcel o hay otros mecanismos. Se ha hecho una utilización muy creativa de todo lo relativo a la justicia restaurativa, tomando como eje central la verdad. La colaboración y cooperación para esclarecer la verdad se verá reflejada en un tratamiento más benigno y en penas de carácter restaurativo. Si no hay tal cooperación, se prevé una pena ordinaria de hasta 20 años. Sin pretender hacer trasplantes, creo que es un referente importante para que otros conflictos observen esta Jurisdicción y de manera creativa traten de encontrar fórmulas parecidas.

La dejación de las armas es uno de los temas en discusión en la mesa. En una entrevista con este medio, el negociador de las FARC Jesús Santrich aseguró que no habrá la foto de un guerrillero entregando su fusil. ¿Teniendo en cuenta las distintas experiencias internacionales, cómo ve esta cuestión en el contexto colombiano?

No creo que en ningún momento un miembro de las FARC le vaya a entregar un arma a un miembro del Gobierno, pero probablemente, una foto de localización de armamento bajo custodia de la comunidad internacional, países amigos, qué se yo, puede ser útil en términos simbólicos para crear una opinión favorable de que efectivamente se ha avanzado. Una de las personas que invitamos al foro fue la diputada salvadoreña Nidia Díaz, excomandante del FMLN, quien nos explicó cómo establecieron una especie de calendario incluso con porcentajes de entrega de armas tratando de acompasarlo con los avances en el cumplimiento de acuerdos. Ese tipo de procedimientos se pueden acordar y es, seguramente, lo que vamos a ver en nuestro caso. Es muy probable que el proceso de dejación de armas dure varios meses y, quizás, años, me atrevería a decir. No será cosa de dos o tres meses, aunque algunos lo vean de modo simplista; «firmamos un papel y al otro día entregan». Pero aun siendo un tema complejo, es fundamentalmente operativo. La subcomisión técnica compuesta por comandantes guerrilleros y generales del Ejército lleva un año trabajando sobre ello. Creo que lo podemos resolver relativamente fácil con habilidad. Por ahora creo que tenemos problemas más difíciles asociados a la dejación de armas. Me refiero a la localización de los guerrilleros de las FARC, en cuántas zonas serán ubicados, cuáles serán sus superficies y características, qué pasará con sus miembros… La reincorporación a lo civil en lo económico, social y político es un tema de gran complejidad porque, hoy día, cada vez más sectores sociales son mucho más conscientes de sus derechos; entonces, las comunidades indígenas dicen que si van a hacer una localización en su territorio la tienen que consensuar con ellos; y las afrocolombianas, lo mismo. Son cuestiones que no se resuelven en una mesa, porque las comunidades implicadas también quieren ser tenidas en cuenta.

Mientras el proceso con las FARC se acerca al Acuerdo Final, el diálogo con el ELN aún no ha entrado en su fase pública. En lo que todos coinciden es en que sin el ELN no es posible una paz estable ni un cese al fuego definitivo y bilateral.

He formado parte de una comisión facilitadora civil que desde finales de los 90 ha tratado de pedalear en los procesos con el ELN. Con el Gobierno de Álvaro Uribe estuvimos dos años aquí, en La Habana, en este mismo hotel, acompañando ese proceso. Muchos académicos hemos dicho que primero se deben entender las especificidades de cada una de las insurgencias colombianas. Si uno analiza la cuestión únicamente en términos de número de tropas, armas y presencia territorial, establece una especie de jerarquía; la guerrilla más grande son las FARC y luego el ELN. Pero más allá de eso, es muy importante comprender la especificidad histórica del surgimiento y conformación de estas guerrillas para entender que no necesariamente lo que funciona con una lo hace con la otra. El ELN no tiene una estructura de ejército tan jerarquizada como las FARC, que históricamente han sido una organización muy vertical, disciplinada, propia de un ejército guerrillero. La del ELN es una estructura mucho más confederativa. Por eso, los procesos de toma de decisiones dentro del ELN son un poco más complejos y lentos; las estructuras son más horizontales y eso supone una dificultad para estos procesos. Por otro lado, para el ELN la participación social es un tema central. Durante mucho tiempo lo plasmó en la idea de Convención Nacional. Creo que por parte de los delegados del equipo de Gobierno no ha habido una suficiente comprensión de esas diferencias y eso también hace difíciles las mesas de conversaciones. Pese a todo, considero que estamos muy próximos a que se cierre esa fase reservada y se instale una mesa pública. Muchos analistas colombianos que seguimos el tema lo estamos esperando desde el año pasado. Sigo creyendo que va a empezar pronto.

¿Y cómo articular ambos procesos de diálogo?

Ese es el gran desafío que tenemos, ahora mayor si se quiere porque una mesa está a punto de culminar y la otra aún no ha empezado, pero no necesariamente tiene que recorrer el mismo camino que la mesa con las FARC ni compartir las mismas temporalidades. Las dinámicas pueden variar mucho. Lo importante es que se formalice la mesa con el ELN, ya sea en Caracas, Quito, La Habana o en las tres. Es un problema que todavía no hayamos podido empezar las conversaciones con el ELN pero, una vez esa mesa coja ritmo, desarrollará su propia dinámica y el avance con las FARC tendrá impactos allá y, si éstos se manejan bien, pueden ser positivos y crear sinergias que contribuyan en dirección a la paz.

Si arranca la mesa con el ELN y se logra avanzar en unos primeros acuerdos que ayuden a crear ambiente en la mesa y en la sociedad, se podrían pensar fórmulas que compatibilicen lo que podríamos llamar un cese bilateral definitivo con las FARC con un cese bilateral transitorio con el ELN mientras su propia mesa avanza. Pero para que eso suceda es fundamental que la mesa empiece a funcionar.

Acuerdos que se nutren de la participación

El 15 de febrero Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, y el coordinador de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, presentaron en la mesa de conversaciones de La Habana las conclusiones del foro celebrado entre los días 8 y 10 de ese mes en Bogotá sobre fin de conflicto y refrendación de los acuerdos. Gracias a la experiencia adquirida en estos más de tres años, lograron en menos de una semana entregar toda la información sobre las 15 mesas del foro y un documento de síntesis. «Antes nos hubiera llevado tres semanas hacerlo», admite Vargas. Resalta que, aun «sin hacer un ejercicio cuantitativo, la gran mayoría de los acuerdos –alcanzados en La Habana– se basan en estos foros, lo cual me parece muy importante reivindicarlo porque significa que las dos delegaciones se han tomado en serio el tema de la participación, y eso es estimulante también para las personas».A. L.