La «unidad de España» es uno de los principales terreno comunes para PP, PSOE y Ciudadanos, posibles integrantes de la «gran coalición» en Madrid. Eso, si son capaces de ponerse de acuerdo en los asuntos en los que están de acuerdo, lo que a día de hoy es complejo. Con una pugna política de incierto resultado, que podría desembocar en nuevos comicios, ni siquiera uno de los principales pilares del sistema sirvió para proyectar la imagen de «acuerdo de Estado». Tanto PP como Ciudadanos se habían envuelto en la rojigualda, presentado textos de «¡Santiago y cierra España!». Quién sabe si hace dos meses, cuando registraron las propuestas, pensaban en atraer al PSOE o en buscar las contradicciones de Podemos. Lo que ayer consiguieron fue dar una imagen estrambótica. Las dos propuestas por la «unidad de España» salieron adelante por los pelos. La del PP, con sus votos, los de Ciudadanos y la abstención del PSOE. La de Ciudadanos, con el apoyo del PSOE y la abstención del PP. A pesar de remar hacia el mismo sitio, los representantes de la hipotética «gran coalición» decidieron atizarse a la hora de votar.

Tras el fallido intento de la investidura de hace dos semanas, el primer debate ordinario sacaba a pasear al Cid Campeador y todos y cada uno de los argumentos manidos con los que las formaciones españolas niegan el derecho a decidir de Catalunya y Euskal Herria. Es evidente que la «unidad de España» forma parte de la columna vertebral del régimen de 1978. Así que resultó irónico que fuese un partido como el PNV el que llamase la atención sobre el hecho de que, quizás, sus señorías tenían temas más interesantes sobre los que ocuparse. Más aún teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra España. Por lo demás, el interés estaba en ver si PP y Ciudadanos lograban atraer a su terreno al PSOE. Y, nuevamente, quien se llevó el gato al agua fue el líder de Ciudadanos, que se ha tomado en serio su papel de «bisagra» entre los dos partidos turnistas.

Tópicos y «cuñadismos»

Abrió fuego Dolors Montserrat, diputada del PP, con un discurso que pretendía ser filosófico, pero no pasó de primero de «cuñadismo» de barra de bar. Tópicos como «la nación más antigua del mundo» se mezclaron con frases hechas como «en un mundo global no cabe la ruptura» y perogrulladas del calibre de «en democracia no solo sirven los votos». Que la diputada del PP abogase por no dejar «un halo de oxígeno a los que quieren romper España» deberá aceptarse como recurso retórico lanzado poco antes de dejar claro cuál era su objetivo: reclamar el apoyo de PSOE y Ciudadanos y escenificar esa «gran coalición» a la que Pedro Sánchez, todavía haciéndose pasar por candidato, se resiste.

El argumentario sobre el derecho a decidir es lo más manido que puede escucharse en el Congreso español. Así que, pese a ser el primer debate, no dio mucho de sí. Albert Rivera se presentó como bisagra entre PP y PSOE e instó al partido de Mariano Rajoy a sumarse a un cambio constitucional. Meritxell Batet, por su parte, se aferró a la «reforma constitucional» y ofreció el plato-único-federalista diseñado por Ferraz. Todo muy trillado. Un dato curioso: los tres partidos españoles que están en contra de que los catalanes puedan votar sacaron a debatir a diputados procedentes del Principat. Podemos, que se presenta como «grupo plurinacional» sin explicar qué es eso más allá de un cartelito en la puerta de un despacho, recurrió a dos portavoces. Iñigo Errejón, que se comió fraternalmente la mayoría del tiempo, y Xavi Domènech, cabeza de lista de En Comú Podem y supuestamente voz cantante en la materia. En realidad, como bien apuntó el portavoz catalán de Podemos, más que hablar sobre España como «unidad de destino en lo universal», el debate estaba dirigido hacia un destino, la «gran coalición».

«Rinconete y Cortadillo»

La discusión no era sobre Catalunya o Euskal Herria, sino que buscaba, según definió Aitor Esteban, diputado del PNV, «achicar el espacio a la izquierda». Es decir, marcar el terreno para evitar que Sánchez tenga la tentación de huir de Ciudadanos y acercarse a Podemos, para lo que necesitaría el apoyo jelkide y, al menos, la abstención de una de las formaciones independentistas catalanas: ERC o DiL. «Mucho ¡Viva España! pero este sigue siendo el país de Rinconete y Cortadillo», ironizó.

También hubo tiempo para valorar el proceso que se desarrolla en el Principat. Ahí, Joan Tardá (ERC) sintetizó el planteamiento de la mayoría social: «Lo que sea Catalunya lo decidiremos entre los catalanes, sean o no independentistas. Y ustedes, a respetarlo». Desde Euskal Herria, Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) abogaba por un proceso constituyente propio.

La guerra de posiciones, sin embargo, está focalizada en el proceso de investidura. En realidad, y a pesar de los matices, PP, PSOE y Ciudadanos vinieron a votar lo mismo. Y, mientras tanto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias jugaban a reabrir las conversaciones para un gobierno «a la valenciana». Un «whatsapp» enviado por el líder de Podemos fue respondido por un «telegram» del jefe del PSOE. En principio, deberían retomar negociaciones. Básicamente, la misma rutina que lleva marcando la política española desde el 20 de diciembre y que, si se alarga, terminará con una nueva cita ante las urnas.

Mientras se aclara el futuro político del Estado, se abren nuevos frentes de confrontación. El Gobierno español ya ha advertido que plantará al Congreso cuando los grupos traten de ejercer su papel de control sobre el Ejecutivo. Argumenta que la Cámara solo puede supervisar al gabinete al que dio su confianza. Es decir, no al que está en funciones. Así que considera que ahora está libre de vigilancia parlamentaria hasta que se elija nuevo presidente. El PSOE, por su parte, amenaza con llevar el caso al Tribunal Constitucional. Un órgano que, por otro lado, está controlado por el PP. Otro día más, Madrid está sin Gobierno. Y nada apunta a que esto vaya a cambiar.