El Consistorio de Berriz tendrá que abonar a la constructora Jaureguizar 1.823.526,84 euros por daños y perjuicios a raíz de la adjudicación irregular en diciembre de 2003 de la edificación de unas viviendas tasadas de la avenida Margarita Maturana a otra empresa, Abaroa, pese a que incumplió los pliegos del concurso.

La decisión la adoptó la sociedad urbanística municipal Susa, dedicada a la promoción inmobiliaria, por lo que el Ayuntamiento, como responsable subsidiario, tendrá que asumir la condena, que es firme desde 2012. Hasta abril, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Bilbo no determinó la cuantía económica de los «daños y perjuicios».

La irregularidad principal en que se sustenta la sentencia, aunque también se admiten otras, es que se adjudicaron las obras a Abaroa a pesar de que al abrirse los sobres de las ofertas se detectó que no había incluido alguna documentación.

Desde EH Bildu se apunta a la responsabilidad del PNV, quien promovió la constitución de Susa, cuya gestión fue puesta en cuestión en un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) de 2006. En él, recordaron ayer representantes soberanistas, se puso de manifiesto «adjudicaciones a dedo de todas las asistencias técnicas y sobrecostes no justificados en algunas obras». Además de consejeros del PNV, en la sociedad pública estaban representados ediles del PSE y PP cuando ocurrieron los hechos.

Comisión para investigar

La junta de portavoces acordó el martes constituir una comisión de investigación, aunque EH Bildu ya apuntó ayer en una comparecencia que espera que sirva para «algo más que repasar las actas de las reuniones». Los soberanistas quieren que se depuren responsabilidades y que se aclare el interés en adjudicar a el proyecto a Abaroa, motivo por el que Jaureguizar acudió a los tribunales, que le han dado la razón.

Para la coalición, es particularmente grave que el alcalde, el jeltzale Roland Isoird, trate de restar importancia al desembolso de 1,8 millones que van a tener que hacer las arcas municipales diciendo que se hará un plan económico para ello. Incidieron en que la sanción supone el equivalente a cuatro años de gasto social y al 35% del presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Berriz, que es de 5,6 millones.

La sociedad urbanística municipal Susa, por cierto, no ha vuelto a ejecutar una obra desde 2005, aunque continúa existiendo y acumulando gastos a pesar de que no tiene actividad alguna.

El caso de Susa, subrayaron, se asemeja a casos como el de Alonsotegi Eraikiz. «Es un modo de gestionar basado en manejar el dinero público de forma absolutamente irrespon- sable, al servicio de los intereses políticos y propagandísticos del PNV, dejando tras de sí –denunciaron– enormes deudas, agujeros patrimoniales y, normalmente, adjudicaciones irregulares y obras inacabadas o mal ejecutadas que acaban en los juzgados».

EH Bildu reiteró que los jeltzales deben asumir sus responsabilidades políticas. Al PNV le exigieron que «mire de frente al problema que ha creado y que no se esconda detrás de argumentos del tipo ‘yo no sabía nada’. Eso puede valerle a la mujer de Urdangarin, pero no al alcalde de Berriz».