El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gasteiz en 2007, dirigido por Alfonso Alonso y con Javier Maroto como concejal de Hacienda, quiso alquilar un local para oficinas municipales en el centro de la ciudad y el empresario Gonzalo Antón, expresidente del Alavés, tenía uno en la calle San Antonio. El Departamento de Urbanismo lo tasó en una renta de 10.168,19 euros más IVA al mes. El propietario pedía 18.500 euros. Quería acabar cobrando 6,16 millones cuando pagó la mitad por el local. Alonso y Maroto hicieron una negociación que en lugar de ahorrar dinero a la ciudadanía dio con la fórmula para que, al final, Antón acabara cobrando más o menos lo que quería.

El Tribunal de Cuentas del Estado ha determinado que esta actuación de Alfonso Alonso y su equipo ha supuesto una pérdida de 443.270 euros para los gasteiztarras. Pero como hay actuaciones que ya han prescrito, les obliga a devolver 394.862 euros y han de hacerlo de sus bolsillos. De hecho, en otro momento del proceso ya se les obligó a presentar una fianza que cubriera estos costes.

Los condenados son el entonces alcalde, Alfonso Alonso, su concejal de Hacienda, Javier Maroto, y el resto del equipo de gobierno del PP compuesto por Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarria, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia.

Subidas de hasta el IPC + 9

La Unidad Técnica de Valoración del Departamento de Urbanismo tasó el local en una renta de 10.168,19 euros más IVA al mes, la actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario. Sin embargo, la Junta de Gobierno de Alonso determinó una renta de 12.500 euros más IVA y que los gastos de comunidad, IBI y las tasas de basura corrían a cargo del Ayuntamiento. Además, en lugar de subir el IPC, en 2009 se subía la renta el IPC +4 puntos, en 2010 el IPC + 7, en 2012 el IPC + 9 y en 2013 el IPC + 4. La junta acordó una cláusula de blindaje de 10 años y, sin embargo, en el contrato se fijó por el doble de años. Todo en beneficio de Antón.

El Tribunal de Cuentas da por probado que en las negociaciones se introdujeron «estipulaciones lesivas para las arcas públicas», cuyo resultante fue que el propietario acabara recibiendo los 6,16 millones de euros que pedía de inicio.

La sentencia determina que, para ello, el equipo de Alfonso Alonso infringió la normativa aplicable, «incurrió en negligencia grave que provocó «una salida de fondos del patrimonio público sin justificación».

La condena puede ser recurrida ante el propio Tribunal de Cuentas y el PP ya anunció ayer que lo hará. Se trata de un responsabilidad contable que no tiene consecuencias penales. Por ello, los responsables del PP quisieron ayer restar importancia a la sentencia, pese a que el tribunal deja claro que actuaron en contra de los intereses de la ciudadanía.

 

Exigencia de responsabilidades

Tras conocer la sentencia, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, declaró que «esta condena es un hecho muy grave, algo que sucede con frecuencia en el PP. Queda claro que el PP de Vitoria y Álava, de Alonso y Maroto, desgraciadamente, no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid».

Miren Larrion, de EH Bildu, recordó que hace poco Maroto pedía purgas en su partido por corrupción «se lleve a quien se lleve» y, por ello, exigió ahora su dimisión como concejal por el daño causado a la ciudad. «Gasteiz merece un Ayuntamiento digno con unos concejales decentes», afirmó.

También PSE, Podemos e Irabazi exigieron la asunción de responsabilidades, peticiones de perdón y dimisiones, además de considerar a los condenados «inhabilitados» para las elecciones.GARA