El Tribunal de Cuentas del Estado condenó ayer al equipo que gobernaba el Ayuntamiento de Gasteiz en 2007, por causar un perjuicio económico a las arcas públicas con la firma de un contrato para el alquiler de unas oficinas a un precio muy superior al de mercado, a devolver 393.862 euros. Entre los condenados están el actual ministro de Sanidad en funciones y entonces alcalde de Gasteiz, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP –y en aquel momento concejal de Hacienda–, Javier Maroto.

Las consecuencias políticas de esta sentencia no se han hecho esperar: mientras el PNV y el PSE se han limitado a felicitarse porque les han dado la razón, EH Bildu y Podemos han ido más allá y han pedido la dimisión y la inhabilitación de ambos, tanto para ocupar cargos públicos como para la participación en la vida política. El PP, sin embargo, ha defendido a los condenados tratando de minimizar la importancia de la sentencia, apelando para ello al carácter administrativo del Tribunal de Cuentas, por lo que no cabe responsabilidad penal de la misma; señalando la adscripción partidista de los miembros de dicho tribunal; y, finalmente, apuntando el hecho de que contra la sentencia cabe recurso que, por supuesto, va a presentar en los próximos días.

Los argumentos que ha ofrecido el PP para defender a los condenados muestran una concepción de lo público y de su gestión impropia de una sociedad democrática y de un estado de derecho. Mientras no se entienda que los bienes públicos y su correcta gestión no es una cuestión de matices, sino la clave de bóveda de una administración democrática, los partidos políticos pretenderán que el mal uso sea valorado como un desliz, como una cuestión menor, cuando en realidad se trata de la cuestión central. La búsqueda del bien común exige diligencia en el manejo de los bienes públicos, algo que en el caso de Alonso y Maroto la condena descarta totalmente. No caben excusas.