«Pediré al Congreso que restablezca la pena de muerte por ahorcamiento», dijo Rodrigo Duterte en rueda de prensa en Davao, la ciudad sureña de la que es alcalde desde hace 22 años, y afirmó que dará órdenes a las fuerzas de seguridad para que tiren a matar en asaltos contra el crimen organizado o contra quienes se resistan violentamente a su arresto. «Mi orden a la Policía (será) disparar a matar», sostuvo el presidente electo, quien anunció que «serán movilizados francotiradores militares para matar a los criminales». «Si no se le tiene miedo a la ley, no sirve para nada», afirmó Duterte, que será investido el 30 de junio, a falta todavía de proclamación oficial.

Duterte, de 71 años, pretende imponer la pena capital –abolida en 2006– sobre personas que cometan crímenes relacionados con drogas, violaciones, «asesinatos» y robos. Y defendió el ahorcamiento como el &bs;método de ejecución menos doloroso.

Pretende incluso que los que sean condenados por dos delitos sean colgados dos veces: «Al primer ahorcamiento le seguirá un segundo hasta que la cabeza esté completamente separada del cuerpo. Me gusta porque estoy loco», subrayó Duterte, quien prometió erradicar la criminalidad en seis meses.

Grupos de defensa de los derechos humanos acusan a Duterte de crear escuadrones de la muerte que serían responsables de la muerte de unos mil supuestos criminales en Davao.

Según Duterte, para acabar con la pobreza hay que erradicar el crimen. Pero para ello hace falta saltarse a una Justicia ineficaz y corrupta y ordenar a las fuerzas de seguridad la eliminación de los criminales.

Tres décadas después de la revuelta que expulsó del poder al dictador Ferdinand Marcos, los detractores de Duterte advierten del riesgo de que su elección acarree otra época convulsa.

Pese a tener une media de crecimiento económico anual del 6%, más de un cuarto de la población sobrevive con ingresos por debajo del umbral de pobreza, es decir, la misma proporción que hace seis años.

Desde hace 30 años, el archipiélago ha sido dirigido, tanto a nivel local como nacional, por clanes familiares apoyados por importantes empresarios, un sistema que ha ahondado aún más la desigualdad.

Ofrece varios ministerios a los comunistas

El previsible nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ofreció ayer al Partido Comunista de Filipinas (CPP), ilegalizado desde su creación, algunos puestos en su Gabinete si acepta a entrar a formar parte del mismo. En concreto se refirió a los ministerios de Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Trabajo y Empleo, y Bienestar Social y Desarrollo. Duterte justificó la reserva del Ministerio de Trabajo en que es la organización que más vela por el empleo en el país.

En cuanto al brazo armado del CPP, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) tendió «mi mano en paz a Sison y al resto y podemos hablar», añadió, a pesar de que al ser parte del Gobierno «también es el enemigo».

El fundador del CPP, Jose Maria Sison, había manifestado su disposición a retomar las conversaciones de paz con el Gobierno si finalmente Duterte es presidente. El propio Sison, que fue profesor de Duterte en la Universidad de Manila y se encuentra exiliado en Países Bajos desde 1987, también ha indicado que podría volver al país si gobierna Duterte.GARA