La crisis venezolana entró ayer en una nueva etapa de tensiones, con un país bajo estado de emergencia y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro.

En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la alta inflación, Maduro extendió el viernes un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de emergencia por tres meses. No descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.

Ayer estaba previsto que se conociera el alcance de la medida, que suele restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

De momento, Maduro ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar –principal productor de alimentos y bebidas del país–, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.

El Gobierno justificó el estado de emergencia en un supuesto complot de EEUU y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, bajo el pretexto de una «crisis humanitaria», y también en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la «guerra económica», de la que responsabiliza a la oposición y empresarios de derecha para inducir la escasez y poner a la ciudadanía en su contra.

En ese marco, desplegó un plan para el abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, ordenando la incautación de las fábricas «paralizadas» y la detención de los empresarios acusados de sabotear el país, y se comprometió a flexibilizar el control de precios a cambio de que algunas industrias eleven la producción.

El estado de emergencia se pondrá a prueba mañana, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país en exigencia de que se cumplan los plazos para que el referéndum revocatorio se haga este año, lo que obligaría a convocar elecciones.

«La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detener esa tendencia», dijo a AFP el analista Benigno Alarcón.