Oihane LARRETXEA
HERNANI

Datos científicos y sociales sobre la incineradora

GuraSOS organizó ayer una jornada para fomentar la divulgación científica y el debate social sobre el proyecto de Zubieta. La asociación pide devolver la palabra a la ciudadanía.

La asociación de reciente creación guraSOS, que engloba a madres y padres preocupados por la repercusión de la incineradora de Zubieta en la salud de sus hijos, se ha puesto manos a la obra. La jornada científico-social organizada ayer en Hernani fue intensa pero muy fructífera, pues ofreció puntos de vista y opiniones experimentadas. Según recordaron sus miembros, su voluntad es recoger todos los puntos de vista y, en ese sentido, echaron de menos la participación de representantes de Osakidetza. Fueron invitados y aceptaron, aunque finalmente no acudieron. «Lo sentimos como un vacío, porque esta es una oportunidad para que cada cual exponga lo que sabe».

El primero en exponer su conocimiento fue, concretamente, Fernando Palacios, científico titular del CSIC. Este investigador se opone a la construcción de la planta, y justificó su posición basándose en decenas de estudios internacionales que citó con detalle de números y mediciones. El realizado por Knox y Gilman fue uno de los que desgranó por ser «un referente mundial» en cuanto al análisis de la incidencia de las incineradoras en el cáncer infantil.

El caso de Valdemingomez

Clara Perales habló en primera persona. Esta vecina de Rivas, localidad cercana a la ciudad de Madrid, padece un linfoma hodgkin. Se lo detectaron en julio de 2014, y desde entonces sigue un duro tratamiento. Sus problemas respiratorios comenzaron en el año 2000, cinco años después de que la incineradora, muy próxima a su domicilio, empezara a funcionar. Aquelló derivó en una fibromialgia.

Perales, junto a 35 personas afectadas de cáncer, ha emprendido diligencias judiciales penales contra los responsables de la incineradora de Valdemingomez porque consideran que su enfermedad está directamente relacionada con los vertidos de la planta. El juez ha admitido a trámite las denuncias.

«No es una posibilidad, es una certeza», dice con seguridad. Asegura que luchará hasta que cese la actividad de la planta.