Nueve meses después de que la Diputación vizcaina anunciase en las Juntas Generales que estaba estudiando un nuevo modelo integral de tarifas para las tres vías de peaje que gestiona, Unai Rementeria desveló en rueda de prensa que se inclinan por un sistema muy similar al que el Ejecutivo de Bildu presentó en junio de 2012. A partir de enero de 2017, los conductores vizcainos desembolsarán un máximo de 30 euros al mes por circular por la AP-8, Supersur y túneles de Artxanda.

Los usuarios abonarán las tarifas normales cuando pasen por los peajes hasta que lleguen al tope de 30 euros mensuales, cuando ya no deberán pagar más. La implantación del nuevo sistema costará 3,3 millones de euros al año a las arcas forales.

Está por determinar cuál es el límite de viajes que se establece, aunque Rementeria apuntó a que «de cinco a siete» puede considerarse un abuso. «Uso sí, pero abuso no», apuntó, apostillando que «aquellas personas que realicen un uso abusivo no se verán beneficiadas por esta medida y pagarán la tarifa íntegra. Se trata –aclaró– de evitar el fraude y también de establecer una tasa verde» .

El diputado general subrayó que la fórmula elegida «no penaliza al usuario ocasional, que podrá seguir beneficiándose de subvenciones en función del número de viajes que realice, y que beneficia a las personas usuarias habituales del territorio sin desincentivar el uso del transporte público».

El nuevo sistema, del que todavía no se conocen muchos detalles, unificará el de descuentos, ayudas y subvenciones que se aplicaban en esas tres infraestructuras, que contaban hasta ahora con un tratamiento diferenciado cada una. El diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha solicitado comparecer en la Cámara vizcaina para explicarlo.

Para poder acceder será requisito indispensable ser una persona física empadronada en Bizkaia y solicitarlo, así como ser titular de un dispositivo de telepeaje (OBE) que habrá de estar asociado a un vehículo determinado a través de su matrícula. Asimismo, el pago del peaje deberá realizarse con el OBE. Para evitar los abusos, la Diputación instalará cámaras en todas las cabinas de peaje que leerán las matrículas y comprobarán los datos, para lo que será necesaria una inversión de 750.000 euros.

La nueva medida se dirige a vehículos ligeros de particulares residentes en Bizkaia, pero la Diputación también introducirá ventajas para los profesionales con vehículos pesados, como el descuento del 13% que ya se aplica en la Supersur y que se extenderá al tramo vizcaino de la AP-8 a todos los camiones que transiten por Bizkaia con origen o destino Gipuzkoa y que usen la Variante Sur Metropolitana. De esta manera, explicó Rementeria, se «aliviará» el tráfico en el corredor del Txorierri.

La Diputación no piensa en la gratuidad por las deudas

El cambio en el sistema de tarifas de las vías de peaje de Bizkaia tiene su origen en el creciente descontento en comarcas como Durangaldea, Busturialdea y Lea Artibai, donde miles de personas han rubricado un manifesto en favor de la gratuidad de la AP-8. Ayer, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, dijo que la administración foral no puede renunciar a los peajes «porque económicamente no es sostenible».

Pradales sostuvo que los ingresos obtenidos sirven para financiar la construcción y mantenimiento de las actuales infraestructuras viarias. El diputado jeltzale recordó que la Diputación tiene que afrontar los 336 millones de euros sin IVA que van a costar las variantes de Ermua y Autzagane, así como la Gerediaga-Elorrio. EH Bildu viene denunciando repetidamennte que las arcas forales tendrán que desembolsar 1.050 millones de euros hasta 2035 para amortizar las deudas contraídas por sucesivos gobiernos del PNV.

A su vez, Imanol Pradales aseguró que la eliminación de peajes supondría un grave perjuicio para los contribuyentes vizcainos, dado que el tráfico de paso de vehículos de fuera del territorio representa el 60% del total de los que transitan. A.G.