Como estaba previsto, el Ecofin, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, constató ayer que el Estado español y Portugal no tomaron las acciones necesarias el año pasado para contener su desviación del déficit que habían pactado, por lo que ahora la Comisión Europea deberá proponer una sanción para cada uno de ellos.

Aunque en principio la cuestión pudiera conllevar cierta gravedad, todo apunta a que la multa económica que puede acarrear la sanción sea «próxima a cero euros».

Incumplir el nivel de déficit establecido para cada estado supone faltar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), un conjunto de «normas para garantizar que los miembros de la UE mantienen unas finanzas públicas saneadas y coordinar sus políticas presupuestarias», según mantiene el propio Ejecutivo comunitario.

En el caso del Estado español, el importante valor que se dio al cumplimiento del PEC llegó al punto de promover una reforma exprés de la Constitución, un hecho insólito, que fue pactada por PSOE y PP en 2011.

Pero ahora resulta que la coyuntura económica y, sobre todo, los intereses políticos no solo pueden modificar el espíritu, sino incluso hacer olvidarse de la letra de los teóricamente sacrosantos tratados de la UE.

En estos momentos, en Madrid las formaciones políticas siguen sin encontrar salida a las negociaciones para formar gobierno tras la repetición de las elecciones legislativas, mientras que en Lisboa el nuevo Ejecutivo de izquierdas no parece dispuesto a asumir la envenenada herencia que ha recibido de la derecha. En el baile político comunitario, Portugal cuenta con el apoyo de gobiernos más allegados ideológicamente, como el francés, y los «esfuerzos» del Estado español para implantar medidas de ajuste están siendo aplaudidos por sus homólogos conservadores, con el alemán Wolfgang Schäuble a la cabeza.

La cuenta atrás

Tras la decisión del Ecofin, se inicia la cuenta atrás de veinte días para que la Comisión Europea presente una propuesta que cuantifique la multa, que puede oscilar entre el 0% y el 0,2 % del PIB de cada estado.

Madrid y Lisboa tienen opción a presentar alegaciones. El Gobierno español en funciones adelantó ayer que, en su descargo, tomará nuevos «compromisos», como una subida del Impuesto de Sociedades.