El colectivo Les Amis de la Terre y tres propietarios de terrenos de las Landas que van a ser expropiados depositaron el pasado 30 de julio un recurso ante el Consejo de Estado contra la declaración como obra de interés general de las líneas Burdeos-Toulouse y Burdeos-Dax. El ministro de Transporte, Alain Vidalies, firmó dicha declaración el 5 de junio a pesar de la opinión desfavorable de la Comisión de Encuesta Pública.

Argumentan, entre otros, que el modo de financiación «no está establecido» tal como lo exige el Código de Transporte y un fallo reciente del propio Consejo de Estado que prohíbe que el promotor de la obra pueda valerse de enunciados tan genéricos como el de las «modalidades de financiación habituales en este tipo de infraestructuras».

Los demandantes estiman, asimismo, que las consecuencias sobre el medio ambiente no están suficientemente precisados, «en particular los referentes a las ocho zonas clasificadas Natura 2000».

Objetivos futuros

Además, consideran que el proyecto del TAV, que ha sido «decorticado de manera arbitraria en tres encuestas públicas», no puede circunscribirse al «simple tramo de Burdeos-Dax máxime cuando es evidente la apuesta que se está haciendo por unir con la alta velocidad Burdeos con España».

Los colectivos anti-TAV subrayan que «los impactos positivos (reducción de emisión de gases de efecto invernadero, aumento de la atractividad de las ciudades, etc. deben ser relativizados» ya que existen estudios universitarios independientes que así lo indican.

Creen que su argumentación es «sólida» por lo que confían en que el Consejo de Estado estime su requerimiento y recomiendan a los afectados que «rechacen cualquier negociación sobre la expropiación» antes de conocerse el fallo.