Casi dos meses después de lo ocurrido en la primera noche de sanfermines en un portal de la calle Paulino Caballero de Iruñea, los cinco acusados de la violación a una joven madrileña que suscitó una enorme respuesta ciudadana testificaron ayer por fin ante el Juzgado. Lo hicieron, eso sí, sin ser trasladados a la Audiencia de Iruñea, por videoconferencia.

Tres de ellos están en la cárcel de la capital navarra (a apenas dos kilómetros de la Audiencia), pero no fueron llevados a sede judicial para esa diligencia. En cuanto a los dos restantes, hace semanas que fueron trasladados, alegando «razones de seguridad», a Logroño, centro en que suelen cumplir condenas los policías (en el caso del guardia civil) y al penal militar de Alcalá de Henares (el militar).

Con esta declaración «voluntaria», los cinco buscan conseguir la puesta en libertad antes del juicio, algo que parece difícil dada la contundencia del escrito del instructor, que refiere una violación múltiple «de extrema gravedad».

Una de sus abogadas compareció ante los medios antes de la toma de declaración para indicar que esperan cuestionar la versión del juez y la Policía. Pero a la salida, otro de los letrados, José Agustín Martínez, se mostró aún más contundente: «Va a quedar meridianamente claro que en ningún caso se producen los hechos tal y como constan en la denuncia». «Los chicos son inocentes y deben ser puestos en libertad a la mayor velocidad posible», añadió este abogado.

La defensa intenta argumentar que las grabaciones hechas por los propios acusados con sus teléfonos (no sería una, como se creía hasta ahora, sino dos) apuntalan su tesis que da a entender una relación consentida. La acusación y el juez sostienen justo lo contrario: que son incriminatorias.

La acusación subraya además que en el primer momento se negaran rotundamente a declarar. Cree que el objetivo fue evitar incurrir en contradicciones «letales para sus intereses». Lo han hecho ahora, casi dos meses después en los que habrían podido coordinar sus versiones.

Denuncian «privilegio»

Ante el Palacio de Justicia de Iruñea estuvieron también los colectivos Lunes Lilas, Andrea y Gafas Moradas. Reclaman que se aplique a este caso la Ley navarra contra la Violencia Machista, que al contrario que la norma estatal recoge el criterio de la ONU en esta materia. Tere Sáez pidió que se atiendan todas las necesidades de la víctima, que solo tiene 18 años, y que se niegue a los acusados cualquier «privilegio».

Al hilo de ello, llamó la atención sobre el hecho de que dos de ellos estén ingresados en «cárceles especiales» por su condición de guardia civil y militar.