La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, aseguró ayer en el Parlamento de Edimburgo que la primera ministra británica, Theresa May, no tiene mandato para imponer que las partes que conforman Reino Unido, incluida Escocia, salgan del mercado único, después de que en el referéndum del 23 de junio venciera –salvo en Escocia y norte de Irlanda– la opción del Brexit. El martes anunció en el mismo foro que su Gobierno empezará a preparar la legislación necesaria para exigir una nueva consulta de independencia en caso de que sea necesario, que tendría intención de presentar en un plazo de diez meses.

«Continuaremos buscando la opción menos mala para Escocia... Eso significa que continuaremos siendo parte del mercado único», afirmó Sturgeon, en Holyrood. «No acepto que (Theresa May) tenga un mandato para llevarse cualquier parte de Reino Unido fuera del mercado único», subrayó.

La semana pasada, Sturgeon afirmó que su partido iniciaría una encuesta en la que participarían al menos dos millones de escoceses para evaluar el apoyo a la secesión, al mismo tiempo que Reino Unido negocia su salida de la Unión Europea.

Proyecto de ley

Y el lunes, ante los parlamentarios escoceses, dijo que su Gobierno elaborará un proyecto de ley para una nueva consulta soberanista que, si el apoyo de los escoceses hacia la independencia es claro, estaría preparado para ser puesto en vigor «de manera inmediata», durante este año legislativo, según medios locales.

Pese a los movimientos del Gobierno, los sondeos muestran que los escoceses siguen siendo partidarios de seguir en el Reino Unido, aunque Escocia votara mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Pero Sturgeon defiende que la votación del Brexit ha cambiado las circunstancias que sostienen el resultado del referéndum celebrado hace dos años en Escocia, en el que la permanencia en Reino Unido ganó por diez puntos.

La consulta de independencia que se celebró en Escocia en 2014 fue un acuerdo político entre el Gobierno británico y Edimburgo, por lo que no se sabe cuál sería el proceso legal para una nueva votación ni si la primera ministra, Theresa May, lo bloquearía.