La Audiencia Nacional española resolverá en cuestión de días una demanda interpuesta por ELA para impugnar el Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva. En ella se denuncia «vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva», ya que convenios como este incluyen cláusulas que impiden que los sindicatos puedan trabajar en un ámbito propio de negociación colectiva.

«Este convenio es un claro ejemplo de las nefastas consecuencias de lo que denominamos estatalización, ya que impide la negociación colectiva en el ámbito de la CAV y de Nafarroa, y empobrece las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector», explicó Amaia Aierbe, jurista de ELA. Inician el camino en la AN porque jurídicamente es necesario agotar la vía en los tribunales españoles, pero el objetivo de la central es ir «más allá» del sector concreto de la Restauración y, si su demanda no es atendida en el Estado, «que sean los tribunales europeos los que se pronuncien sobre el modelo de negociación colectiva que tenemos en este momento en el Estado español».

A modo de detalle sobre el alcance que tienen convenios colectivos estatales como el de la Restauración, los juristas explicaron que, si en el mismo sector, ELA quisiera negociar hoy un convenio colectivo con ámbito en la CAV o en Nafarroa, tendría que pedir autorización a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Estatal. Y esta puede responder sí o no, de modo que ahí se cierra el camino a la posibilidad de llegar a un acuerdo mejor. Según precisaron, las condiciones se igualarán así para los trabajadores de la CAV y Nafarroa por debajo, sin posibilidad de mejora.

El sindicato abertzale ha confiado la dirección jurídica de esta vía abierta en los tribunales al jurista Luis Enrique de la Villa, del bufete de abogados Roca Junyent, catedrático de Derecho del Trabajo y con una reconocida trayectoria en materia de derecho laboral. El propio De la Villa, quien se desplazó desde Madrid a Bilbo para explicar el procedimiento, manifestó que en 52 años dedicado al estudio del derecho del trabajo no ha visto «nunca nada igual».

Expuso el jurista que privar del derecho a negociar a un sindicato con implantación en un ámbito territorial, choca con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y contraviene principios como el derecho de todo sindicato «a negociar en el nivel adecuado» o que «no se puede dar cabida a convenios colectivos que, como el ahora impugnado, impidan a un sindicato más representativo el ejercicio de una negociación colectiva útil».

Podría llegar a Estrasburgo

La demanda ante la AN plantea «la nulidad de todas las cláusulas que impiden la negociación en un ámbito inferior, por exceder los límites el ordenamiento vigente, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y de la Constitución», y reclama a la Sala que plantee «una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea». De no optar por esta vía, expone una segunda, que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, «por considerar que el Estatuto de los Trabajadores vulnera derechos fundamentales, al permitir cláusulas excluyentes en los convenios estatales».

Tal y como remarcó De la Villa, «que a un sindicato no se le deje negociar en la autonomía es muy fuerte», tanto que cabe esperar que el Tribunal de Justicia de la UE entienda que «eso es contrario al derecho comunitario». Agregó que la cuestión podría acabar incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH, con sede en Estrasburgo) «porque se infringen cuestiones como que todo sindicato tiene derecho a desarrollar su actividad en condiciones de normalidad salvo por razones de seguridad nacional».

Los plazos de resolución dependerán del tribunal en que acabe asumiendo la cuestión y pueden dilatarse durante años.

ELA recordó que sentencias llegadas de la UE en cuestiones como la indemnización a interinos «supondrá a buen seguro la modificación de las leyes españolas», lo que podría ocurrir también en este caso.