La Diputación de Bizkaia busca mecanismos «legales» para aumentar el ratio de cuidadores por usuario en las residencias privadas mientras el Gobierno de Lakua no cambie el decreto que regula este aspecto. En su comparecencia de ayer ante las Juntas Generales, la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, comentó que su departamento busca las «fórmulas jurídicas para incidir en lo que se pueda en esta cuestión».

«Lo que no voy a hacer es prevaricar», puntualizó tras insistir en que se deben respetar las competencias de cada institución. «Si no, construiríamos un sistema de caciques», advirtió.

El ratio de cuidadores por usuario de residencia se regula por un decreto del Gobierno de Lakua que tiene ya casi veinte años –es de 1998–, por lo que todos los grupos junteros ya reclamaron el pasado mes de julio que sea actualizado, puesto que consideran que es insuficiente y está desfasado. Precisamente, ayer tanto el PP como Podemos anunciaron que presentarán iniciativas en este sentido en el Parlamento de Gasteiz.

Sánchez Robles fue interpelada en torno a la afirmación de la patronal de residencias privadas sin ánimo de lucro, Lares, de que la atención en los geriátricos vizcainos es «insuficiente», no solo durante la huelga que realizan las trabajadoras del sector, sino también cuando hay normalidad laboral.

Garantizar la calidad

La diputada recordó que Lares hizo esa afirmación en un recurso contra el decreto de servicios mínimos del Gobierno de Lakua en la primera huelga de residencias –entonces fijado en el 50% y posteriormente aumentado al 80%– y replicó que, si «las residencias de gestión privada consideran insuficiente el número de trabajadores, tienen toda la libertad y recursos para contratar a más».

Los grupos de la oposición, por su parte, destacaron que el estudio de la patronal exponía la «escasez de recursos» para atender de manera «digna» en situación de «normalidad» a las personas mayores.

Según indicó la agencia Efe, tanto los grupos políticos de las Juntas como la diputada foral coincidieron en que este asunto es responsabilidad de las empresas privadas de residencias y que el papel de las instituciones es garantizar la calidad de la atención a los mayores al margen de los beneficios que puedan tener las compañías.

También estuvieron de acuerdo en que en las residencias públicas el ratio de cuidadores es mayor que en las privadas y que las condiciones laborales de las trabajadoras son mejores, con diferencias salariales que van del 40 al 60 por ciento.

En cuanto al Estatuto de las Personas Cuidadoras, la diputada confió en que se materialice en 2017, tras un periodo de contraste con agentes externos.