Un mes y diez días después de que los colombianos rechazaran en las urnas el acuerdo inicial firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las partes lograron consensuar un documento que incorpora buena parte de las aportaciones de los sectores que impulsaron el «no, pero que «no sacrifica» el espíritu de aquel histórico pacto, según el jefe negociador del Ejecutivo, Humberto De la Calle. Con este nuevo acuerdo, las partes confían en desbloquear el proceso de paz ya que contiene un nivel de consenso mayor que el pacto inicial, aunque el expresidente Álvaro Uribe pidió que no se dé por «definitivo» hasta que sea presentado a la oposición y a las víctimas del conflicto armado.

«Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos», dijo el presidente Santos, que aseguró que es un «mejor» acuerdo.

Despeja dudas

El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, afirmó que la guerrilla ha cedido, «incluso extendiendo las fronteras que nos habíamos trazado, hasta los límites de lo razonable y aceptable» y que su firma debe dar inicio a la construcción del «país de la concordia». Sostuvo que el nuevo acuerdo preserva «la estructura y espíritu» del anterior, incorpora precisiones, recoge observaciones, formula aclaraciones y despeja dudas.

Márquez precisó que en materia de Jurisdicción Especial para la Paz se incorporaron no menos del 65% de las propuestas de los sectores que votaron «no» en el plebiscito de octubre y casi el 90% de las iniciativas referidas a la cuestión de género, además de algo más de 100 variaciones respecto a la reforma rural integral, participación política, nueva política antidrogas, víctimas, fin del conflicto e implementación y verificación.

En su comparecencia tras presentación del nuevo acuerdo en La Habana, Santos explicó los principales logros del pacto que disipa los temores a una ruptura del alto el fuego bilateral que comenzó el 29 de agosto.

Entre las modificaciones más importantes figura que durante la dejación de armas las FARC presentarán un inventario de su patrimonio para destinarlo a indemnizaciones a las víctimas.

El nuevo texto elimina la incorporación del acuerdo a la Constitución e incluye la mayoría de las aportaciones formuladas al capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre las que resalta la concreción de las características y mecanismos de la restricción de la libertad, así como el establecimiento de un límite de tiempo de 10 años y la eliminación de la participación en ella de jueces extranjeros.

En esta materia, se fijan los espacios de restricción de libertad para los responsables de delitos de sangre que cooperen con la Justicia. En el nuevo texto se definen los «espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena», así como el tamaño específico que tendrán, que será el mismo de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), los puntos donde se reunirán las FARC como paso previo a su desmovilización.

Asimismo define qué se entiende por enfoque de género, incluye un principio de respeto a la igualdad y no discriminación y establece «el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas» a la hora de aplicar el acuerdo. La presión de los sectores más conservadores también ha hecho que se eliminen del acuerdo la mayoría de las referencias a los derechos de las comunidades LGBTI.

«Temor disipado»

Destacó que este acuerdo, «como pidió expresamente el expresidente Uribe», respeta la propiedad privada y no desatará «una posible cacería de brujas» en la aplicación de la justicia transicional a empresarios que puedan haber financiado a paramilitares, temor que, dijo, «quedó totalmente disipado».

Lo firmado hoy también reduce desde el primer año en un 30% la financiación al partido que surja de las FARC cuando dejen las armas, compromete más a esa guerrilla en la lucha contra las drogas y no establece que haya guerrilleros en el Congreso nombrados a dedo ni en cargos en el Gobierno.

El único de los 57 puntos discutidos en el que no se pudo hacer cambios es en el referido a la condición de elegibles en las urnas de los jefes guerrilleros, en el que la insurgencia no cedió, y el propio Santos avaló la decisión al señalar que «la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad».

Ni Santos ni las delegaciones de paz revelaron cuándo comenzarán a ser implementados los compromisos o cuál sera mecanismo de validación, pendiente de definirse.