El dictador filipino Ferdinand Marcos, fallecido en 1989, fue inhumado ayer en el Cementerio de los Héroes en una precipitada y controvertida ceremonia. El acto se inició con 21 salvas de cañón en presencia de soldados de uniforme, tras el discreto traslado de sus restos por vía aérea para evitar manifestaciones.

La semana pasada, el Tribunal Supremo dictaminó que Marcos, que estuvo dos décadas en el poder antes de ser depuesto en 1986, podía recibir sepultura en el Cementerio de los Héroes.

«Hoy –por ayer– se cumplió el deseo final de mi padre: ser enterrado con sus soldados compatriotas», dijo ante los medios la primogénita del dictador, Imee, minutos después de las exequias en el camposanto, protegido por unos 2.000 efectivos de la Policía y el Ejército para evitar incidentes.

Según explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Restituto Padilla, en una rueda de prensa, la organización de la ceremonia se mantuvo en secreto «por petición de los Marcos».

El sepelio de Marcos, responsable durante sus más de dos décadas de mandato de la muerte, tortura o detención ilegal de más de 100.000 filipinos, se produjo tres meses después de que lo ordenara el actual presidente del país, Rodrigo Duterte.

Según la ONG Transparencia Internacional, se apropió de forma ilícita de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares.

«Marcos fue nuestro presidente durante mucho tiempo y fue un soldado. Si lo hizo bien o mal, no hay un estudio sobre eso», afirmó Duterte desde Lima, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

«Los Marcos saben bien que su padre no era ningún héroe. Tienen que esconder su entierro porque saben que la gente rechaza la decisión del Tribunal Supremo», manifestó a Efe Susan Quimpo, víctima del régimen de Marcos. Decenas de figuras destacadas de la política filipina también mostraron su indignación por el entierro y la manera en la que se llevó a cabo, que consideran ilegal al no haberse cumplido el plazo estipulado de 15 días para considerar la decisión del Tribunal Supremo firme y final. «Han desobedecido la ley, ya que la decisión no es final ni se puede ejecutar hasta 15 días después de la resolución», denunció la vicepresidenta, Leni Robredo.