Los quince alcaldes de Sakana comparecieron ayer ante el Ayuntamiento de Altsasu para hacer un llamamiento a acudir a la movilización que tendrá lugar mañana a partir de las 13.00 desde el supermercado Netto.

«Creemos que ha habido un linchamiento mediático orquestado, con consecuencias jurídicas que buscan vaciar de contenido competencial a los organismos judiciales naturales, con un coste humano sin sentido, en un sistema político que se hace llamar democrático y actúa de modo inquisitorial, con presiones y amenazas que demuestran el carácter totalitario de cierto sector que ve en peligro su cortijo», destacaron el alcalde de Irurtzun, Aitor Larraza, y la alcaldesa de Uharte-Arakil, Ainara Ayestaran. También varios ayuntamientos de Bizkaia, como Barrika, Artea, Urduña, Arrankudiaga y Arakaldo se sumaron a la convocatoria, al igual que Aralar y EA y 150 personas y agentes de Leitzaldea. En días anteriores, lo habían hecho el Gobierno navarro, Geroa Bai, EH Bildu y Sortu

Los alcaldes de Sakana denunciaron las detenciones y encarcelaciones de personas que se habían presentado voluntariamente en los juzgados, por lo que reclamaron la puesta en libertad de los encarcelados. «Queremos el regreso a la cordura, la proporcionalidad y la ecuanimidad en el tratamiento mediático y judicial de estos hechos. Para ello, es necesario que la causa no sea llevada por la Audiencia Nacional y se respete el derecho a la defensa, el principio de juez natural, la libertad de expresión y al derecho de asociación», destacaron.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, sin embargo, rechazó el recurso interpuesto por los abogados de los encarcelados contra su decisión de inhibirse en esta causa a favor de la Audiencia Nacional.

Benito rechaza un recurso

La defensa de los encarcelados ha interpuesto un recurso de reforma ante la decisión de Benito, recordando que su criterio no concuerda con el empleado en casos anteriores de características similares.

Concretamente, se cita el caso de Falange y Tradición, que fue instruido inicialmente por Benito y posteriormente juzgado por la Audiencia Nacional española en junio de 2015. Durante la controversia competencial sobre dónde debía juzgarse el caso, la juez Benito admitió a trámite el recurso presentado por la defensa de los acusados. En el caso de Altsasu, en cambio, ni siquiera ha admitido a trámite el recurso presentado por la defensa de los encarcelados, que mostró su voluntad de presentar nuevos recursos.

La instrucción de la causa en Iruñea ha sido reclamado por numerosas instancias políticas y sociales.

Carmen Alba señala que «se está coaccionando al poder judicial»

La delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, señaló que «no se puede intentar coaccionar al poder judicial con una serie de actuaciones» y proclamó que «el poder judicial es libre, los juzgará y decidirá qué ha pasado y calificarán los delitos de una forma o de otra».

Sobre la manifestación de mañana, Alba que no es «una movilización a favor del pueblo de Alsasua, porque a favor del pueblo de Alsasua estamos todo el mundo. También estamos otros en contra de que unos guardias civiles por ser guardias civiles, con sus mujeres, recibieran una paliza. Hay gran parte de la población de Alsasua que es gente normal, otra cosa es que unas minorías impidan, a lo mejor, a esas personas normales que demuestren el aprecio que puedan tener o no a la Guardia Civil».

El coronel jefe de la Guardia Civil en Nafarroa, Javier Hernández, por su parte, declaró que los agentes del instituto armado «no se sienten especialmente incómodos en Alsasua» y rechazó que esta sea «una población especialmente complicada». GARA