Jacqueline López es una vecina de Pasaia, donde se instaló hace siete años tras migrar desde Colombia con su marido e hijos. Ambos tenían trabajo, y una hipoteca con Kutxabank de unos 1.300 euros que pagaban con puntualidad cada mes hasta que hace tres años él perdió su empleo y decidió regresar a su país de origen en busca de trabajo. Ella permaneció en la localidad guipuzcoana, trabajando y al cuidado de dos de sus hijos, ambos menores.

Ante la imposibilidad de asumir la cuota mensual con un único sueldo, acudió a la entidad financiera en busca de una negociación, pero «no hubo forma», según contó ayer a GARA. «Les expuse mi situación y mis dificultades. No me oculté. Mi intención no era dejar de pagar, sino adaptar la cuota hasta que las cosas mejoraran», relató.

El banco le ofreció un modelo de carencia en el que incluyeron nuevas cláusulas, pero lo rechazó «porque aceptarlo suponía hacer el problema más grande aún». La situación persistía, y hace año y medio recibió en su buzón un burofax en el que Kutxabank le informaba de que iniciaría el proceso de desahucio si no abonaba una deuda de más de 20.000 euros de mensualidades pendientes. La ayuda que entonces requirió a la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa fue «clave», recordó. Allí encontró «todo el apoyo y, sobre todo, información».

Precisamente, ayer la plataforma confirmó que el día anterior la entidad había aceptado la propuesta de Stop Desahucios, es decir, retirar las cláusulas que pretendía hacerle firmar y concederle un carencia de cinco años, durante la que podrá abonar una cuota reducida de euríbor +0,25%. Admitía Jacqueline sentirse aliviada porque los últimos años «han sido muy duros». Su marido ha regresado pero sigue buscando trabajo.

Para vivir dignamente

Los activistas por el derecho a la vivienda exigieron a las entidades bancarias que informen a los clientes tan pronto sepan que no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas sobre la posibilidad de acogerse a una carencia de cinco años.

La portavoz, Rosa García, explicó que «las familias en situación de precariedad económica tienen derecho a acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias, al que están adheridas todas las entidades financieras». Según aclaró, los bancos «tienen la obligación» de ofrecer a estas personas esta alternativa que «les permite vivir dignamente y, sobre todo, no caer en mora, que es lo que lleva a los bancos a iniciar demandas de ejecución hipotecaria».

Tras felicitarse por la solución lograda para Jacqueline y su familia, García advirtió de que la plataforma «no va a permitir que ninguna carencia que se vaya a firmar contenga cláusulas abusivas».