Si en 2013 fue la demanda de la presa Inés del Río la que tumbó la llamada «doctrina Parot», ahora la presentada por Josetxo Arizkuren puede ser decisiva para finiquitar la dispersión. Y las de Alberto Plazaola, Santi Arrozpide y Francisco Mujika Garmendia, para que el Estado español cumpla al fin la directriz europea y descuente condenas cumplidas en otros estados. Las dos cuestiones, ejemplo de políticas de excepción y con afecciones muy extensas, llegan así al Tribunal de Estrasburgo.

Tras agotar el periplo judicial en el Estado español (el Tribunal Constitucional ni siquiera ha admitido a trámite los recursos por una y otra medida), los recursos han empezado a saltar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo confirmaron ayer en rueda de prensa, junto a representantes de Etxerat, las abogadas Amaia Izko y Haizea Ziluaga.

En el caso de la dispersión, como se difundió hace un par de semanas, a Estrasburgo ha llegado ya el recurso de Josetxo Arizkuren, actualmente preso en Murcia. La demanda alude a «vulneración del derecho a la vida familiar», incidiendo en extremos como los perjuicios que provoca el alejamiento a los allegados de los presos, la evidencia de que la dispersión no está prevista en la ley española sino más bien al contrario, y la imposibilidad de justificarla hoy día con los argumentos que se empleaban cuando ETA atentaba, según detalló Izko.

El caso de Arizkuren es solo el primero que ha agotado el recorrido judicial en el Estado español. Pero detrás habrá cerca de 250 solamente en este estado. En el francés también se interponen acciones judiciales contra la dispersión, si bien aún no alcanzan para recurrir a Estrasburgo.

Por lo que respecta al tema del cómputo de condenas, Ziluaga explicó que afecta hoy a unos 50 presos vascos, de los que siete deberían quedar libres inmediatamente si se cumpliera el criterio fijado por Europa ya en 2008 y trampeado por Madrid con una artimaña legal en 2014. Hay tres presos cuyos recursos ya han pasado por el Constitucional y desembocan por tanto en Europa: Plazaola, Arrozpide y Mujika. Europa ya conoce el asunto en otras instancias, puesto que la propia comisaria de Justicia, Vera Jourová, ha emitido varios avisos a Madrid ante el palmario incumplimiento de la decisión marco de 2008.

Las abogadas se muestran esperanzadas en una respuesta positiva de Estrasburgo, como ocurrió en su día con la anulación de la llamada «doctrina Parot». En cualquier caso, prevén que pasen varios meses antes de conocer siquiera si serán admitidas a trámite.

Etxerat prevé fallos favorables, pero alerta de que las soluciones resultan «urgentes»

Al igual que las abogadas Izko y Ziluaga, los representantes de Etxerat Naike Díez y Patricia Vélez se mostraron muy convencidos de que las resoluciones europeas sean favorables a los derechos de presos y familiares. Sin embargo, está muy vivo en la memoria lo ocurrido con la doctrina 197/2006, que se anuló después de que algún preso hubiera cumplido incluso seis años de prórroga ilegal de condena. Por eso y porque la situación «requiere soluciones urgentes», hicieron hincapié en que «el tiempo no corre a nuestro favor».

Afirmaron, en consecuencia, que «confiamos en que la desactivación de estas medidas llegará antes que la resolución del Tribunal de Estrasburgo. Y confiamos plenamente en la sociedad vasca, en su capacidad de evitar que el Gobierno español haga prevalecer las estrategias de venganza sobre el respeto a los derechos humanos».

Recordaron, de hecho, que la dispersión ya va a cumplir 28 años, y que la negativa a descontar condenas reproduce por otras vías la «ingeniería jurídica» usada entre 2006 y 2013.