Lo que un día parecía abocado a permanecer en el olvido de algún cajón ministerial retorna del pasado y amenaza con despertar una nueva y gran polémica. Catorce años después, lo que fue denominado con excesiva pompa como «canon digital» ha sido nuevamente abanderado por el gobierno de Madrid en un nuevo formato que quiere modificar o, mejor dicho, ampliar el espectro de acción de la ya de por sí enrevesada Ley de Propiedad Intelectual.

Según ha revelado la Asociación de Internautas, el largo peregrinar que padeció este proceso –con etapas en los tribunales del Estado español y Europa– no ha servido de excusa para que el ejecutivo de Rajoy retorne con una propuesta en la que vuelve a rendir pleitesía a las entidades de gestión. El texto al que hace referencia la mencionada asociación descubre, por ejemplo, que el concepto de «copia privada» incluiría la descarga de un contenido desde una fuente legítima. Es decir, que las entidades de gestión de derechos de autor han fijado su interés en los servicio offline que ofrecen plataformas como Netflix o Amazon Primel.

La propia Asociación de Internautas, a través de un comunicado, ha definido esta maniobra como «disparate» ya que «el comportamiento de los usuarios hacia el consumo de la cultura ha cambiado. Ya nadie copia prácticamente nada. Los servicios de VOD –Video On Demand– y el streaming que ofrecen Netflix, HBO o Amazon Prime han hecho que en los hogares no haya prácticamente ni dispositivos de DVD. La gente usa sus móviles, ordenadores o tabletas para el consumo de películas, series, música e incluso la televisión».

En lo que se presupone será una nueva y convulsa escenografía asoma la prolongada sombra de la temida SGAE. En el año 2003, cuando la entidad de gestión de derechos perdió la batalla por el cobro del canon digital, empezó a perseguir a todo tipo de comercios en los que se reprodujeran contenidos que gestionara; llevando a cabo una implacable cacería de brujas que fue tildada en su momento de excesiva y ridícula debido a aquellos capítulos en los que los agentes de la SGAE cobraban derechos musicales a todo tipo de establecimientos, incluidas las peluquerías.

Catorce años después, esta entidad quiere seguir dictando exigencias y cobrar por hábitos de consumo que se escapan a su competencia y lucrarse a costa de usuarios y ciudadanos que han encontrado en la nueva fórmula instaurada por las plataformas, una fuente cultural y de entretenimiento variada y muy accesible.