Tras un largo e intenso debate de ocho horas, el Senado colombiano aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral de los acuerdos de La Habana entre las FARC y el Gobierno en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que implica a todos los actores involucrados en el conflicto armado.

La aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz se produce en un momento crítico de la implementación de lo pactado y refrendado por el Congreso en noviembre.

En un artículo publicado en “El País” el asesor jurídico de las FARC en la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, Enrique Santiago, advierte de que los retrasos en la aplicación de la Ley de Amnistía, la ausencia de programas de reincorporación económica y social de los guerrilleros, así como la falta de infraestructuras básicas en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, las cuales debían de haber estado construidas antes del 1 de diciembre –considerado como el «Día D»– puede aumentar las disidencias en el seno de la guerrilla.

De acuerdo al cronograma establecido, el proceso de dejación de armas finalizará el 31 de mayo y, por tanto, las Zonas Veredales habrán cumplido su función, procediendo a su desmantelamiento.

Incide en que si las instituciones implicadas no cumplen los compromisos adquiridos, sobre todo, en lo que concierne a seguridad jurídica, programas de reincorporación y desmantelamiento del paramilitarismo, «el 1 de junio el proceso de paz se verá arrastrado a una seria crisis de implementación que en la práctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes».