La oficina del Ararteko tramitó 10.948 actuaciones en 2016, un 23% más que el curso anterior, y atendió 8.171 quejas. De las mismas, 790 están relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social, y el 96% se refieren a problemas relacionados con el mal funcionamiento de Lanbide y con la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Así lo recoge el informe anual presentado ayer Manu Lezertua, quien anunció un nuevo documento diagnóstico sobre la RGI. «Pensamos que puede ayudar a comprender las cosas que no funcionan o que los hacen insuficientemente bien».

Por otro lado, los sindicatos ELA y LAB apoyaron ayer a las seis personas que continúan en huelga de hambre para denunciar los recortes en la RGI. La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, denunció que, «cuando existen recursos económicos y riqueza suficientes, condenar a la pobreza a grandes capas de la sociedad es una opción política ilegítima».