Miroslava Breach, de 54 años, corresponsal de “La Jornada” y editora de “Norte de Ciudad Juárez”, recibió ocho impactos de bala que acabaron su vida el 23 de marzo al salir de su casa en Chihuahua. Días antes, el 19 de marzo, hombres armados mataron en Yanga (Veracruz) a Ricardo Monluí, de 57 años y director de “El Político de Córdoba”, cuando salía de un restaurante. A principios de mes, el día 2, mataron a tiros en Ciudad Altamirano a Cecilio Pineda, de 38 años y colaborador de “La Jornada” en Guerrero, cuando esperaba en una estación de lavado de coches. El editor del diario “La opinión” de Poza Rica (Veracruz), Armando Arrieta, de 51 años, está muy grave después de que le dispararan a quemarropa el 29 de marzo. En algunos casos pueden existir dudas, pero en otros, como el de Breach, dedicada a investigar sobre narcotráfico, crimen organizado y corrupción política en el estado de Chihuahua, sus compañeros afirman que es una certeza que su muerte obedece a su actividad profesional.

Estos cuatro atentados a periodistas en un solo mes provocaron, además, el cierre de otro medio de comunicación. El diario “Norte de Ciudad Juárez” cerró esta misma semana sus ediciones impresa y digital por «no existir las garantías para ejercer el periodismo crítico y de contrapeso». Su fundador, Óscar Cantú Murguía, aseguró que el diario recibió «ataques de particulares y gobiernos por evidenciar sus malas prácticas y actos de corrupción», y dijo no estar dispuesto a poner en riesgo a más colaboradores ni a sí mismo dada la impunidad existente.

México es, según RSF, el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria y Afganistán. Informar es una actividad de alto riesgo sobre todo en Veracruz y Ciudad de México, aunque también en Guerrero y Oaxaca.

En 2016, México registró un triste récord de once periodistas ejecutados, según Artículo 19, organización internacional defensora de la libertad de expresión. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, desde diciembre de 2012, han muerto treinta, y 123 –sin contar los 23 desaparecidos– desde 2000. El Gobierno únicamente les proporciona guardaespaldas, «sin tener en cuenta que para proteger hay que investigar y sancionar», denuncia Ana Cristina Ruelas, directora para México de Artículo 19.

Pero, además, se dan otros ataques «con la clara intención de controlar totalmente la información que permita a la sociedad tomar mejores decisiones». En 2015, cada 22 horas un periodista fue agredido.

En su último informe, "Libertades en resistencia", que se adentra también en los vínculos entre los poderes públicos y los intentos de silenciar a la prensa y fue presentado el jueves, Artículo 19 concluye que de las 426 amenazas, agresiones o muertes, más de la mitad (257) fueron cometidas por funcionarios públicos o partidos políticos y 17 por el crimen organizado.

«Totalmente abandonada»

Juan Vázquez, de la misma organización, asegura que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) es «completamente ineficiente», pues solo inició 798 investigaciones –47 de ellas por «asesinato»– de las 2.020 documentadas (39,50%) y solo se dictaron dos sentencias condenatorias. «Es decir, el porcentaje de impunidad en los crímenes contra periodistas es del 99,77%», precisa.

«El asunto es la impunidad –sostiene–. Las autoridades no generan las condiciones políticas y sociales para que los periodistas puedan hacer su trabajo, y tampoco están investigando ni llevando justicia ni verdad ni reparación del daño. La prensa está totalmente abandonada». La impunidad es la que genera y multiplica estos ataques, y la que está matando la libertad de expresión.

Tras el sangriento mes de marzo, los periodistas mexicanos tomaron las calles. «Cuando se hiere, se lesiona o se mata a uno de nosotros, se está agrediendo el derecho de la sociedad a ser informada, el derecho de todos a la libertad de expresión», denunció Arturo Cano, de “La Jornada”. «Demandamos justicia y exigimos a esta Procuraduría inútil, a este Gobierno federal inútil, a los gobiernos estatales que no han podido resolver casi ninguno de los crímenes de nuestros compañeros, que demuestren verdaderamente de qué lado están», agregó.

La impunidad sigue dando luz verde a quienes han decidido aniquilar a los testigos de la realidad. «Nuestro oficio es letal», subrayan los informadores que se juegan la vida a diario y no exigen un trato privilegiado sino garantías para trabajar.

Sus vidas no valen más que las del resto de mexicanos, pero matar a un periodista es pretender impedir que la información de lo que pasa llegue a los ciudadanos y coartar así su capacidad de decisión. «A esta sociedad la están dejando sin ojos ni oídos, inerme ante la violencia», dicen los periodistas.