Pese a las noticias que nos hablan de recuperación económica, y más en nuestra Comunidad, lo cierto es que no corren buenos tiempos para los servicios sociales, esos dispositivos públicos de ayuda técnica y social para situaciones marcadas por la necesidad y la desprotección de la población más vulnerable. Y es que si usted ha estado en alguno de ellos, servicio social de base o unidad de barrio, habrá notado que la crisis sigue golpeando a numerosas familias y personas. Y que las demandas de la población siguen en índices elevados. Y es que la crisis, si bien se está resolviendo para algunos, no así para otros. Desde que la crisis estalló en 2008 hasta 2014, la pobreza severa en Navarra creció del 8,4% al 10,1%, pasando de alrededor de 51.000 personas en situación de pobreza severa en 2008 a unas 62.000 en 2014. Y esa gente está llamando a la puerta de nuestros servicios sociales. Unos servicios sociales con vocación universalista y generalista que siguen funcionando. Pero la crisis y la austeridad ha pulido no pocos de sus programas y prestaciones. Porque esa crisis hecha excusa para gobernar desde la austeridad ha creado nuevos usuarios y nuevas situaciones.

Y son estos dispositivos de atención social los que en la actualidad están sobrecargados de situaciones de alto riesgo y crisis personales y vitales tratando de abordar soluciones y respuestas para las cuales ahora mismo no están preparados. Cierto es que la articulación de esta «última malla» de protección social está extendida por el territorio. Pero también lo es el hecho de que las realidades sociales emergentes en un ciclo de crisis del modelo social están poniendo a prueba la fortaleza y coherencia de este sistema.

De ahí que los últimos tiempos no estén siendo buenos para los servicios sociales. La presión y frustración entre quienes trabajamos y las personas que acuden pensando en «ellos» como el último asidero al que amarrar su «caótico» e inesperado curso vital lleva, en ocasiones, a enfrentamientos verbales e incluso físicos. La práctica profesional se ha tornado, a menudo, defensiva ante el enmarañamiento de las situaciones vividas por las personas que atendemos. Por eso, estos tiempos están plagados de incertidumbres que afectan no solo a las personas que las sufren sino también a quienes trabajamos con ellas. Y es que, pese a la remontada económica, la sociedad, o al menos una parte de ella, vive en situación de emergencia social donde la precariedad no es una excepción temporal, sino una constante. Para mucha gente, también en Navarra, el futuro no existe.

Por eso una mirada a medio o largo plazo nos hace presagiar que el futuro de este sector podría ponerse en entredicho ante los importantes retos a los que nos enfrentamos. Por una parte, el creciente fenómeno del envejecimiento y la dependencia. Aspectos que van a influir no solo porque sea costoso su abordaje, sino porque nos cuestiona las maneras de encarar el futuro. Porque las vidas quebradas de muchas personas van a requerir de apoyos y entornos sociales propicios para fortalecerse. En el horizonte de unos servicios sociales capaces de responder a estos retos está franquear algunos de los límites endémicos que vienen condicionando su evolución. Pero además deben adelantarse a tendencias que, intuimos, se avecinan y que ya se están implementando en nuestra sociedad precarizada.

En este sentido creemos, a modo de hipótesis, que este alejamiento de los poderes públicos del escenario de responsabilidades pueda estar dando paso a un neoasistencialismo gestionado desde el tercer sector. Así, percibimos un espacio garantista, asumido por el nuevo Estado social a la baja, destinado a los más desfavorecidos cuyos perfiles estarían definidos por la pobreza severa y otro espacio de intervención social asumido por ese tercer sector en auge gracias a la huida del Estado protector de sus obligaciones garantistas. De esta forma podría confirmarse esta tendencia privatizadora, vía tercer sector, de la gestión de una gran parte de la ciudadanía en riesgo de exclusión o de altas precariedades.

Las transformaciones sociales en este último decenio han estado acompañadas de un deterioro de los servicios públicos como consecuencia de la contención del gasto social. El incremento y el cambio en la demanda, consecuencia de estas transformaciones, no han encontrado el necesario impulso protector requerido ante la complejidad de los problemas sociales. La crisis debería haber activado mecanismos urgentes de gestión en estos dispositivos de protección social. Pero no ha sido así. Lo que demuestra que este no es un sistema fuerte y consolidado para hacer frente a una gravísima crisis que desestructura familias y rompe redes de vinculación social. Ello junto a algunos problemas estructurales de este sector lastran gravemente su potencialidad, dificultando el desempeño del encargo social para el que (se supone) están concebidos.

Actualmente distinguimos, al menos, cuatro ejes o tendencias que afectan al quehacer profesional y al sistema que soporta la actividad que desempeñamos en su dimensión jurídico-legislativa y también en el tipo de escenario que se articula.

Un contexto de crisis económica que afecta a nuestra comunidad de manera menos intensa que a otras del resto del Estado pero que incide especialmente en aquellos hogares con más elevados índices de pobreza y exclusión social.

Un cambio de ciclo político presidido por el denominado «gobierno del cambio» con un compromiso de gobernabilidad renovadora de índole social. Si bien hay un claro compromiso de cambio y de apoyar políticas sociales integradoras, no es menos cierto que se aprecian algunos síntomas preocupantes. Uno de ellos es el principio que podríamos denominar como «estaba escrito en el acuerdo del cuatripartito y por tanto hay que ejecutarlo». No cuestionamos esta intencionalidad (fuente de legitimidad política) pero cada paso en materia de políticas sociales debería ser avalado no solo por la voluntad política, sino por el apoyo de los diagnósticos, pronósticos y evaluaciones que garanticen la idoneidad de la puesta en marcha de determinadas actuaciones.

Un modelo de servicios sociales que requiere una urgente revisión. Si bien esta demanda es una asignatura pendiente que afecta a nuestro trabajo y por tanto a las realidades sociales en las que intervenimos, no han sido pocos los intentos, al menos teóricos, de abordar esta necesidad. Pero no se han fraguado en una propuesta consensuada, avalada, validada y legitimizada desde que en el pasado siglo se elaborase el “Documento base para un plan de atención comunitaria de los servicios sociales” (año 2000). Desde entonces este documento es el referente oxidado de nuestra profesión, algo que urge revisar.

Recientemente el Gobierno de Navarra ha presentado una propuesta base para reformar la administración local de Navarra. La principal novedad es la eliminación de las mancomunidades que serán sustituidas por una nueva entidad, la comarca, que se encargaría de los servicios de agua, residuos y servicios sociales y de otras competencias que ayuntamientos y Gobierno deleguen en ellas. Según esta propuesta, la Comunidad estará dividida en 13 comarcas. Consideramos que este nuevo y posible enmarque debería contar con un diagnóstico previo, que desconocemos. Es importante analizar este nuevo escenario que nos viene, y los cambios que puede implicar en temas como la organización, la articulación, la gestión o la financiación de los servicios sociales, entre otros.

Estamos ante una encrucijada que requiere un debate social, político y profesional de calado por la trascendencia que tienen las temáticas expuestas para un número creciente de personas y familias navarras en situación de vulnerabilidad y progresiva desprotección social. Las dinámicas generadas en los últimos tiempos en el contexto descrito es lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de elevar una reflexión crítica de carácter profesional en clave propositiva, sobre estos y otros aspectos que, como hemos señalado, están condicionando el presente y el futuro de los Servicios Sociales municipales.