Al hilo de un crimen reciente en Getafe (Madrid) y del ataque con una catana a una mujer en Torrevieja (Alicante), la agencia Efe subrayaba ayer que son dos de los casos en que las víctimas no habían querido acusar a las parejas. Y ponía de manifiesto que esta circunstancia ocurre en el 11% de los casos, lo que facilita la absolución de los acusados. Son situaciones que se suman, obviamente, a aquellas en que ni siquiera se plantea denuncia.

El dato procede del último informe del Observatorio del Poder Judicial, referido al primer trimestre de este año. Pero en él se incluyen también otras variables que pueden tener relación con esa falta de acusación, como el considerable porcentaje de denegación de medidas de protección y seguridad, que se eleva en el conjunto del Estado al 30% de las solicitudes.

El desglose por comunidades autónomas muestra además que ese rechazo a adoptar medidas de protección es notablemente alto en la CAV, donde entre el 1 de enero y el 31 de marzo se resolvió negativamente el 43% de las solicitudes: 90 sobre un total de 208 (siete ni siquiera fueron admitidas a trámite). Esto supone que la CAV fue en ese periodo la circunscripción en que hubo más cota de denegaciones, solo por detrás de Catalunya, donde se elevó al 49%.

Ello contrasta con lo que ocurre en zonas del entorno como La Rioja, donde solo se rechazó el 8% de las solicitudes, o Aragón, donde fue el 13%.

En Nafarroa el porcentaje se ajusta mejor a la media estatal. En esos tres meses se incoaron un centenar de solicitudes de protección, de las que todas fueron admitidas a trámite y se resolvieron afirmativamente 74. Es decir, el rechazo se quedó en el 26%, algo por debajo del 30% de promedio estatal.

Seis y dos sobre 33 en el Estado

De las 33 mujeres fallecidas por violencia machista en el conjunto del Estado a lo largo de este 2017 (hay otros casos en fase de investigación), solo seis habían presentado denuncia, y de ellas dos habían renunciado además a continuar el proceso contra su maltratador.

Al respecto, la presidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, alertó en declaraciones a Efe de que «lo que se está haciendo ahora es recaer única y exclusivamente la condena de un maltratador en la declaración de la víctima, y lo que hay que hacer es una buena instrucción: la Policía debe hacer su trabajo inspeccionando la vivienda y recabando pruebas, y el fiscal, pedir informes médicos y sicosociales si los hubiera para recabar todas las pruebas posibles del maltrato». Incide en que la declaración de la víctima debería ser en todo caso un elemento probatorio más, pero no el único.