El objetivo de las defensas de los acusados en el “caso De Miguel”, en este periodo de «cuestiones previas», está siendo tratar de evitar el inicio del juicio y anular la causa. El abogado de dos empresarios catalanes imputados solicitaron ayer al tribunal que aplique el mismo criterio establecido por la Audiencia Provincial de Madrid en el “caso Guateque” y anule todo el procedimiento, al considerar que está «invalidado» porque las grabaciones de audio que propiciaron el inicio de la investigación sobre esta presunta trama de corrupción fueron obtenidas sin autorización judicial.

La petición fue planteada por el abogado de Francesc Fernández y Plácid Casas en la sesión ayer del juicio por el “caso de Miguel”, en el que hay 26 personas acusadas, entre ellas varios exdirigentes del PNV, por una presunta red de corrupción y cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos. Ambos empresarios se enfrentan a posibles penas de prisión de siete años y seis meses de cárcel por presuntos delitos relacionados con una operación urbanística en Zanbrana.

Pero, con diferencia al “caso Guateque”, en esta causa las grabaciones no se han hecho por una policía para buscar una imputación, sino que fue una empresaria afectada por los supuestos chantajes las que las efectuó para denunciarlas.