B.Z.
DONOSTIA

Rajoy: más 155 si hay investidura telemática

El decreto aprobado en el Senado dice que el 155 seguirá en vigor hasta que el nuevo president tome posesión, y una investidura a distancia por medios telemáticos u «otra suerte de trampa» no será tenida en cuenta en Moncloa como una toma de posesión. Por lo tanto, si Carles Puigdemont es investido a distancia, el Gobierno español no retirará la aplicación del 155 y Catalunya seguirá con la autonomía suspendida.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fue ayer bastante claro a la hora de rechazar la investidura de Puigdemont, a quien se le complica la situación. Las amenazas de Rajoy se suman a la petición de ERC de actuar con realismo, así como al informe de los letrados del Parlament, que también rechazan la investidura telemática o por delegación. La posibilidad de que lo escogido por los catalanes en las urnas el 21 de diciembre se plasme en la elección de Puigdemont se pone más difícil cada día que pasa, si bien no hay que descartar todavía ningún escenario.

Las confesiones de Rajoy

Aunque no dijo nada acerca de la sentencia del caso Palau –hoy empieza el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano–, Rajoy se explayó sobre su actuación en Catalunya en el discurso pronunciado ante la Junta Directiva de su partido. Empezó con una confesión algo sorprendente, una advertencia contra la normalidad con la que ha sido encajado el 155 en círculos que van más allá del PP –léase si no la entrevista al exlehendakari José Antonio Ardanza el pasado domingo en el grupo Noticias–. «Lo que hemos tenido que hacer es cualquier cosa menos baladí, hemos tenido que cesar un gobierno democráticamente elegido y disolver un parlamento, un hecho excepcional que debe ser lo más breve posible», aseguró Rajoy.

Pero el espejismo no duró mucho. Rajoy siguió recordando que el 155 era un artículo «para no aplicarse», pero que, sin embargo, «se ha aplicado y no ha pasado nada». «La vida continúa y se ha sentado un precedente para el futuro», remató un Rajoy con pocos remordimientos, a no ser que estos sean partidistas: «La respuesta del Gobierno ha sido buena para España, aunque no lo haya sido para el PP».

La causa del 1-O crece

El macrosumario en manos del juez del TS Pablo Llarena, por su lado, no para de crecer. Aunque al asumir el caso descartó la malversación de fondos públicos, ha pedido informes sobre el uso de 600.000 euros el 1-O, lo que elevaría en ocho años más las penas a las que los acusados podrían ser condenados.