La Justicia brasileña propinó el jueves un nuevo golpe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva al impedirle salir de Brasil unas horas antes de su previsto viaje a África, después de que un tribunal de apelación confirmara el día anterior en segunda instancia su condena por corrupción pasiva y lavado de dinero por aceptar un tríplex de una empresa constructora y elevara la pena impuesta a doce años y un mes de prisión.

El favorito de cara a las próximas elecciones presidenciales iba a desplazarse a Addis Abeba, Etiopía, para participar en un congreso de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pero un juez federal «dio la orden de evitar que el expresidente salga» del país ante un posible riesgo de fuga, anunció el Ministerio de Justicia.

Los abogados del exmandatario se declararon «consternados» por la decisión, pero afirmaron que la acatarán, sin descartar de acciones legales para anularla, y ayer entregaron en un tribunal de Sao Paulo el pasaporte de Da Silva, que al anunciar su viaje dijo que el domingo estaría de vuelta.

El Tribunal de Apelaciones de Porto Alegre «había sido informado del viaje y no había impuesto ninguna restricción», señalaron sus abogados, que recordaron que «el derecho de ir y venir» del expresidente está garantizado por la Constitución, que tan sOlo prevé una restricción en «la hipótesis de decisión condenatoria» y «contra la que no haya lugar a más recursos», que no es el caso porque todavía quedan recursos posibles.

Agregaron que el Gobierno, en respuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la supuesta persecución política a Da Silva, garantizó que no existía ninguna restricción a su derecho a viajar al exterior.

Pero tres letrados presentaron una solicitud de retiro de su pasaporte argumentando los riesgos de que busque asilo político en el extranjero.

La medida llegó después del revés sufrido por Lula da Silva tras un juicio que mantuvo en suspenso a Brasil, pero que también dividió al país, y una condena que ha reducido sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

El futuro de esa proclamación, sin embargo, está en manos de los tribunales, ya que una ley de 2010 prohíbe que una persona que ha sido condenada en segunda instancia postule a un cargo electivo.

La posible impugnación de su candidatura, no obstante, solo puede darse a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo de la inscripción de candidatos en el Tribunal Superior Electoral, que tendrá la última palabra sobre ese asunto.

Además, está amenazado por otros seis procedimientos, la mayoría por corrupción. De hecho, Ricardo Leite, el juez de Brasilia que ordenó la retirada de su pasaporte no es competente en el caso por el que ya ha sido condenado.

Según Agencia Brasil, Leite actuó en el marco de otra causa, en el que se enfrenta a cargos por supuesto tráfico de influencias en el proceso que concluyó con la adquisición por parte del Gobierno de 36 cazabombarderos de la empresa sueca Saab. Da Silva, que será interrogado el 20 de febrero, está acusado de recibir sobornos por su intervención en la elección del vencedor de la millonaria licitación en su condición de exmandatario y gracias a su influencia sobre el Gobierno de Dilma Rousseff.