Cualquiera podría pensar que la mejor manera de resolver dudas y aclarar la sangrante cuestión de la tortura es no reparar en gastos ni esfuerzos a la hora de investigarla. En otras latitudes, quizás; en las del Estado español, no. Los casos de tortura son aislados y la mejor garantía de transparencia, el archivo sistemático de las denuncias. Costó 40 años de consolidada democracia española que se emprendiera una investigación que ha documentado más de cinco mil de esos casos aislados. Cinco mil, sobre una población que, hoy, apenas supera los dos millones de personas.

Cuando el ejecutivo navarro ha querido favorecer una investigación similar, el Gobierno español ha presentado por la vía rápida, además de por la contencioso-administrativa, recurso contra la ayuda concedida. Extraordinario habría sido lo contrario. Desde su peculiar visión, UPN ve muchas lagunas y muchas dudas en las denuncias documentadas; en las archivadas parece que no. Y las dudas, dice, son legítimas. Para los navarros del PP, se trata de denigrar a las fuerzas de seguridad. Y creo que las dudas sobre las FFSS, ya no son tan legítimas. Para el Gobierno español, se trata de un mensaje que no deja dudas: no solo no voy a investigar la tortura, sino que prohíbo que se investigue. Parece una provocación, pero no. Solo es un canto a la impunidad.