La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, sacudió ayer la mesa de negociaciones dando la espalda a Carles Puigdemont y defendiendo que «Catalunya necesita un Govern estable dentro de la legalidad», lo que excluye, a priori, la investidura de un president exiliado. Cabe recordar que el PDeCAT, formación heredera de Convergència, sigue siendo el partido de Puigdemont, al menos hasta que la plataforma electoral de este último, Junts per Catalunya, no se erija en partido político. Una hipótesis que gana enteros después del jarro de agua fría lanzado ayer por Pascal en “La Vanguardia”.

Las discrepancias eran conocidas, pero nunca habían aflorado de forma pública y tan descarada. En la entrevista, Pascal se abstiene de proponer un candidato alternativo –«solo lo puede plantear Carles Puigdemont»–, pero advierte: «El liderazgo no se tiene que ejercer a la fuerza in situ, pero queda claro que nosotros necesitamos un Gobierno que desde el Palau de la Generalitat ejerza el trabajo diario». «La solución tiene que pasar necesariamente por lo que dice el reglamento en cada momento», añade Pascal en referencia a un reglamento que, según indican los letrados del Parlament, no permite una investidura telemática a distancia.

No hay que perder de vista que la coordinadora del PDeCAT deberá declarar el próximo lunes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que desde ayer maneja toda la causa contra el Govern –había piezas que todavía permanecían en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya–.

«No nos podemos permitir poner en peligro a personas por las decisiones que se tomen», añadió una Pascal que, de hecho, anticipó en la entrevista lo que cabe esperar que le explicará a Llarena: «No estamos en la fase de la unilateralidad ni de romper con ninguna legalidad. Al presentarnos al 21D asumimos que la legalidad vigente en Catalunya emana del Estatut y la Constitución, y es ahí donde están los márgenes para encontrar una solución al conflicto político que vive Catalunya».

La inmersión, en peligro

En otro orden de cosas, en plena pugna entre PP y Ciudadanos, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, sugirió ayer la posibilidad de que, a través del artículo 155, el Gobierno español incluya el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya.