Un juzgado de lo Contencioso ha condenado al Gobierno foral a resarcir por daños y perjuicios a un colectivo de 300 personas con diversidad funcional que habrían sido irregularmente excluidas de las listas de contratación temporal para conserje en Educación desde 2015. La sentencia favorable la consiguió el sindicato UGT y la exclusión irregular se deriva de una ley que se elaboró durante la etapa de UPN.

El sindicato relata que en la lista para la provisión de 43 puestos de trabajo «pudimos constatar en múltiples ocasiones que Educación, a través de su sección de Recursos Humanos, sometía a las personas con discapacidad menor al 33% a una valoración de sus aptitudes», aseguran. Según explican, esta supervisión de aptitudes que se implementó antes de la llegada del cambio (la ley es de abril de 2015) no entraría en los requisitos prefijados, por lo que resulta arbitraria.