La jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo y la transición, ha solicitado al Gobierno español diversas pruebas sobre la matanza ocurrida el 3 de marzo de 1976, cuando cinco trabajadores fueron abatidos por la Policía Armada en las calles de Gasteiz. Entre las pruebas requeridas se encuentra un listado de los agentes que se encontraban de servicio aquel día y un informe sobre las armas empleadas por los mismos.

Según informaron las Juntas Generales de Araba, Servini también ha enviado una petición al Juzgado de Instrucción de A Coruña para que requiera al Tribunal Militar Territorial Cuarto copia testimoniada de los sumarios correspondientes a los heridos y fallecidos en la capital alavesa. Además, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz copia testimoniada de las diligencias previas sobre la querella formulada por Ladislao Millán Montoya y otras personas en 2001.

Asimismo, le ha encomendado recabar declaración testimonial de una veintena de personas que tuvieron conocimiento directo o fueron damnificados por aquellos hechos. Cabe recordar que esta petición estaba incluida en la demanda presentada por las instituciones alavesas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz, que desestimó la demanda en enero de 2017. Y cuatro meses más tarde, fueron desestimados por la Audiencia Provincial de Araba los diferentes recursos de reforma y apelación.

Tal como recuerda la Cámara foral, en su escrito, las instituciones alavesas requerían al citado juzgado la solicitud de diferentes pruebas documentales y testificales que nunca fueron aceptadas al sobreseerse la causa. «La mayoría de estas pruebas, sin embargo, forman parte ahora de los diferentes exhortos internacionales dictados por la juez argentina María Servini, en el marco del proceso judicial que dirige en ese país».

La vía internacional

Cabe recordar que el pasado mes de febrero Martxoak 3 anunció su intención de acudir a instancias internacionales para reclamar la justicia que les niega el Estado español. «Hemos agotado la vía judicial española y estudiamos la manera de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y a otros estamentos como las Naciones Unidas», señaló Nerea Martínez, que reclamó colaboración de las instituciones.

«Pero no solo necesitamos acompañamiento en materia judicial. Tanto o más importante es construir un escenario de igualdad en el que todas las víctimas tengan todos los derechos reconocidos porque la impunidad continúa», añadió.