El RD 16/2012 puso fin a la cobertura sanitaria universal, al dejar sin acceso a los inmigrantes sin papeles. Al ser la sanidad una competencia transferida, algunas comunidades autónomas mantuvieron la cobertura con sus propios medios, decisión que fue recurrida por Madrid. Finalmente, el Tribunal Constitucional falló contra esas contramedidas. Arguyó que las comunidades no podían aumentar el universo de beneficiarios aunque se hagan cargo del gasto extra. Argumento vacío cargado de autoritarismo.

Se empiezan a conocer las consecuencias de aquella decisión inhumana. Año a año crece la mortalidad entre aquellos que el decreto dejó fuera del sistema sanitario. Lo más trágico es que les están matando enfermedades que se pueden curar con una intervención médica a tiempo. Del supuesto ahorro nada se sabe, pero es de suponer que no ha sido tal. Posiblemente ahora las personas sin papeles acudan en peores condiciones a urgencias con lo que los tratamientos serán seguramente más caros. El decreto no buscaba el ahorro sino apuntar a un colectivo concreto, lo que ha fomentado actitudes xenófobas. Incluso desde un punto de vista egoísta, mantener en nuestro país a un colectivo relativamente grande con mala salud es un peligro potencial para el conjunto de la sociedad; así lo ha acreditado la falta de vacunación de niñas y niños y la expansión de ciertas enfermedades. La actitud de la administración, por otra parte, deja en muchos casos bastante que desear, como recoge el reportaje que publica GARA.

Así son las políticas de recortes sociales: crean problemas donde no los hay. Médicos del Mundo ha recordado a Pedro Sánchez su compromiso con la derogación de este decreto. Haga lo que haga el nuevo Ejecutivo, se constata una vez más que la intervención del TC español llega incluso hasta determinar cuestiones tan concretas como quiénes pueden ser beneficiarios del sistema sanitario público y quiénes no. Es tiempo de soberanía. Por salud.