Osakidetza paralizó ayer la Oferta Publica de Empleo en tres especialidades hasta que se resuelva el expediente informativo que ha abierto a raíz de las denuncias de sindicatos, partidos políticos y hasta un miembro de uno de los tribunales. La gestión de esta crisis ha seguido los cánones de aquellos que no están acostumbrados a rendir cuentas ante la ciudadanía por sus actuaciones. A las primeras denuncias respondió Osakidetza arremetiendo contra los sindicatos acusándoles de oportunistas. Posteriormente, el lehendakari, Iñigo Urkullu, trató de quitar hierro al problema recurriendo a los matices semánticos que tanto le gustan, las denuncias eran simples quejas, aunque reconociendo a la vez su preocupación. Los nuevos datos conocidos no ha hecho más que aumentar la sospecha. Pero no ha sido hasta que los sindicatos denunciantes han acudido a la Fiscalía cuando los responsables políticos han decidido paralizar esa parte de la OPE.

Nadie pone en duda la honradez y capacitación de la mayoría de los profesionales que participan en los tribunales, así como de las personas que han trabajado muy duramente para preparar estas pruebas. Pero los datos conocidos lanzan una sombra de sospecha sobre todo el proceso que era necesario despejar inmediatamente. Hay mucho en juego. Y la excusa de que ni el gobierno ni Osakidetza participan en el proceso no es aceptable porque son los responsables políticos los que diseñan el modo en el que se desarrollan estas pruebas. La transparencia en el procedimiento es clave para que este tipo de situaciones no se den y en este aspecto el Gobierno de Gasteiz ha fallado estrepitosamente, independientemente de la magnitud final de las irregularidades. La nefasta gestión de quien se cree dueño de instituciones y organismos públicos no ha hecho más que alimentar la duda. Los jueces dirimirán las responsabilidades penales a que hubiere lugar, en su caso, pero el proceder político ya es claramente lamentable.