Aritz INTXUSTA
IRUÑEA

La prisión preventiva a «La manada» requiere prórroga

Los cinco condenados por la violación de los sanfermines de 2016 están a punto de cumplir dos años de prisión preventiva, primer tramo máximo. Ayer se celebró una vistilla para ver si se renovaba el decreto de prisión o si, por el contrario, obtienen la condicional. La acusación particular y las ejercidas por Fiscalía, Ayuntamiento y Gobierno se oponen a la excarcelación. El fallo se conocerá en los próximos días; los jueces tienen plazo hasta el 7 de julio.

Solo los tres condenados presos en Iruñea acudieron ayer otra vez a la Audiencia navarra. Tampoco hubo cámaras. Los otros dos (el guardia civil y el militar) siguieron la vistilla por videoconferencia, ya que se encuentran en cárceles especiales para funcionarios. Es el mismo tribunal que los condenó el que tiene que resolver sobre las peticiones de libertad que han formulado las defensas. Los cinco únicamente tenían derecho a escuchar los argumentos de las distintas partes, sin posibilidad de tomar la palabra.

La decisión sobre su excarcelación llega al término del primer plazo máximo fijado para la prisión preventiva, que es de dos años. La solicitud de excarcelación se justifica en que la sentencia no es firme en tanto que se han formulado recursos que debe ver ahora el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa y que, muy probablemente, luego se plantearán otros ante el Supremo, pues la sentencia actual por abuso sexual no satisface ni a defensas ni a acusaciones. A día de hoy, estos recursos no han llegado al TSJN, sino que se encuentran en una fase en la que las distintas partes están contraargumentando lo alegado por sus contrarios.

El principal abogado defensor, Agustín Martínez Becerra, aseguró que, tras conocerse condena a nueve años, ya no queda ningún argumento para prorrogar la prisión incondicional, pues entiende que ha decaído el riesgo de fuga después de que ya hayan cumplido los dos primeros años. Sostuvo ante los medios que el fallo se conocerá hoy o mañana, pero no tiene por qué ser así. Según las fuentes que maneja este periódico, lo previsible es que se retrase unos días. La única obligación legal es que la decisión se tome antes del día 7 de julio, que es cuando se cumplirían los dos años de cárcel.

Otros dos años y medio

Martínez Becerra añadió que, si la Sección Segunda no accede a su solicitud, elevará un recurso de amparo ante el Constitucional contra esa resolución concreta de prorrogar la prisión preventiva (que puede extenderse hasta dos años y medio más). En su escrito para poner fin a la prisión provisional, el abogado hace referencia al precedente sobre cómo se ha tratado a Iñaki Urdanagarin y su socio Diego Torres.

El abogado tampoco cree que pueda haber riesgo de «reiteración delictiva», momento en cual se le preguntó por el juicio que se sigue en Pozoblanco (Córdoba) por abusos a otra joven que también fueron grabados en vídeo con un móvil. Martínez Becerra afirmó que no entiende por qué se está dilatando tanto ese procedimiento.

La última petición de liberación fue solicitada hace cinco meses, nada más terminar la vista oral. Como en todas las anteriores veces que se ha solicitado, la excarcelación y puesta en libertad vigilada fue denegada por dos votos a uno. Dicha división de pareceres se corresponde con la de la sentencia, donde los jueces Francisco Cobo y Raquel Fernandino decidieron condenar a los cinco acusados, mientras que el tercero, Ricardo González, emitió un polémico voto particular abogando por una absolución con todos los pronunciamientos favorables.

El abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán, relató que su cliente se encuentra «algo nerviosa» por la eventual liberación de los cinco condenados. Aun así, se mostró confiado en que habrá una prórroga.

La vistilla se alargó durante una hora y media, por lo que fue bastante rápida habida cuenta de todas las partes personadas. El abogado del Ayuntamiento de Iruñea, Víctor Sarasa, expuso que «no ha habido nuevos argumentos» que justifiquen la no emisión de una prórroga para los condenados y añadió que el Consistorio justifica su petición de mantenerlos presos en la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.