El consejero de Vivienda de Lakua, Iñaki Arriola, presentó ayer el estudio sobre vivienda en el que resalta el dato de que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay 20.840 pisos vacíos, de los que algo más de un tercio se podrían movilizar inmediatamente. El estudio se ha realizado siguiendo los presupuestos de la Ley de Vivienda de 2015, cuyos fundamentos fueron avalados anteayer por el Tribunal Constitucional español, después de que en su día el Gobierno de Rajoy la recurriera.

La CAV cuenta, por lo tanto, con un potente instrumento para que el derecho a la vivienda pueda ser garantizado. La ley contempla un amplio abanico de posibilidades para intervenir en aquellos casos en los que la vivienda no cumpla su función social: desde un canon hasta el desahucio administrativo o la expropiación, pasando por el alquiler forzoso o el derecho de adquisición preferente. Mantiene, además, los recargos al IBI actualmente vigentes en muchos ayuntamientos. Y lo que es más importante, reconoce que la vivienda ha de cumplir su función social en caso de que haya demanda, situando esa función social por encima de otro tipo de consideraciones.

Una gran caja de herramientas para que sean usadas, aunque no se percibe mucha urgencia: Arriola anunció el reglamento que hará operativa la ley para dentro de un año, cuando lleva ya tres aprobada. Tal vez sea porque la ley se ratificó con el apoyo de PSE, EH Bildu y UPyD, mientras que el PNV –actual socio del PSE en el Gobierno– y el PP votaron en contra. «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento», dijo el conde de Romanones, confirmando que el poder ejecutivo puede desnaturalizar una ley que no es de su gusto utilizando el desarrollo reglamentario. Tal vez esté ahí el juego ahora que el TC la ha validado.

Las normas por sí mismas no garantizan gran cosa. Suele ser la presión social la que impulsa los cambios, uno de cuyos frutos ha sido esta ley. Y la presión seguirá siendo necesaria para que el derecho a la vivienda sea efectivo.