Dentro de nueve días, el martes 23, el Tribunal de Estrasburgo fijará posición sobre la aplicación en el Estado español de la directiva que obliga a los estados miembros de la Unión Europea a que las condenas cumplidas en uno de ellos sean contabilizadas como tiempo cumplido en los demás. Algunos medios han anunciado que se emitirá una sentencia favorable a los presos y presas vascas, presentándola como un varapalo para la judicatura española, del mismo calibre que la derogación en 2013 de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo.

Sin embargo, si se confirma el sentido del fallo, más allá del golpe que pueda significar para el orgullo de algunos jueces y fiscales, supondrá la constatación de que esos mismos jueces y fiscales han puesto, una vez más, su ánimo de venganza respecto a los prisioneros vascos por encima de la aplicación estricta de la ley. Porque la directiva europea entró en vigor hace nada menos que diez años, en julio de 2008, y tanto el Gobierno español como el estamento judicial han hecho todo lo que estaba en su mano para retrasar su asunción, sabedores de que así alargaban artificiosamente las condenas de personas que ya habían cumplido muchos años de cárcel.

Igual que ocurrió con la llamada «doctrina Parot», ha sido este empecinamiento alevoso el que ha motivado que al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tenga que volver a pronunciarse. Y en esa estrategia dilatoria, el juez y ahora ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha desempeñado un papel fundamental.

La cuestión prejudicial

En noviembre de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy, apremiado desde Bruselas por su insólita tardanza en adaptar la directiva europea de 2008, la incorporó al ordenamiento jurídico español. Pero hizo trampa: la Ley Orgánica 7/2014 incluyó una disposición adicional señalando que no serían tenidas en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de un estado miembro de la UE con anterioridad al 15 de agosto de 2010, contraviniendo de esta forma el espíritu de la norma europea.

En los meses siguientes, esa cláusula fue utilizada por algunos jueces para rechazar un nuevo cómputo de las condenas a varios presos. Sin embargo, otros magistrados de la Audiencia Nacional sí que aplicaron la normativa común, llegando a excarcelar a Santiago Arrozpide y Alberto Plazaola en diciembre de 2014. Y esa disparidad de criterios generó gran controversia.

En esta tesitura, algunos jueces del tribunal especial plantearon la opción de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo, que podría haber zanjado el asunto orientando a los tribunales españoles sobre cómo aplicar la directiva europea.

Eso querían los miembros de la Sección Tercera y algunos de la Sección Primera de la Audiencia. Pero no llegaron a hacerlo.

La Fiscalía recurrió la excarcelación de Arrozpide y Plazaola, y el Supremo no tardó en marcar territorio. El 13 de enero de 2015 el Alto Tribunal, al rechazar un recurso presentado por Kepa Pikabea, se había posicionado en contra de descontar las condenas y también de preguntar a Luxemburgo –aunque hubo división de opiniones: 9 a 6–, y el 10 de marzo revocó la liberación de los dos presos, ordenando su arresto poco después.

Aun así, quedaba la opción de que los magistrados de la Audiencia Nacional que mostraban una posición discrepante presentaran la cuestión prejudicial. Pero el 20 de marzo, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, frenó la iniciativa de la Sección Tercera y obligó a que la decisión de acudir o no a Europa se adoptara en Pleno. La reunión plenaria se fue demorando ante la división que este asunto había generado entre los jueces, pero al final, el 29 de mayo una exigua mayoría de 11 a 9 decidió no preguntar.

El resultado se entendió como un espaldarazo a la maniobra del PP, y contó con el aval del hoy ministro. Si Grande-Marlaska, en lugar de votar en contra de acudir a Luxemburgo, hubiera votado a favor, se habría dado un empate a diez, y como presidente su voto de calidad habría deshecho la igualada. Pero el juez bilbaino jugó su papel como valedor de las posiciones más cerriles del Estado, abocando a los afectados a recorrer todas las instancias de la jurisdicción española y esperar años hasta que resolviera el TEDH.

Ese día está a punto de llegar, y si al final Estrasburgo ampara a los presos vascos, tanto estos como sus familias verán aliviada su situación. Pero nadie les quitará el tiempo añadido que han pasado entre rejas por las artimañas de aquellos que antes que jueces y fiscales se saben servidores de la razón de Estado y ejecutores de su vendetta.

La comisión europea llegó a amenazar con castigar a Madrid por su renuncia a aplicar la Decisión de 2008

La actitud negativa del Gobierno español respecto a la trasposición de la norma europea ha causado malestar en Bruselas, donde llegó a barajarse la opción de aplicar de sanciones por este motivo. Así, en junio de 2015, la titular de Justicia de la Comisión Europea, Vera Jourová, advirtió públicamente a Madrid con expedientes sancionadores si persistía en su nula disposición a acatar la legislación comunitaria.

Lo hizo en respuesta a una pregunta lanzada por la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, y señaló además que el Estado español no había remitido la información completa sobre este tema, tal como se le requirió y para lo que tenía como fecha tope el 15 de mayo de ese año. Recordó que la Comisión siempre ha estado dispuesta a colaborar con los estados que tuvieran dudas sobre cómo aplicar la directiva, algo que la Justicia española rehusó.

Unos días después, interpelada por el entonces diputado de Amaiur Jon Iñarritu, Jourová añadió que entre las opciones existentes figuraba «incoar procedimientos de infracción». Iñarritu se hizo eco de la decisión del TS de anular las órdenes de libertad de Santi Arrozpide y Alberto Plazaola, y requirió a la comisaria que explicara «cómo garantizará la aplicación real y efectiva» de la norma común, «habida cuenta de que el Estado español sigue sin computar el tiempo de condena cumplido por un preso en el Estado que originalmente les condenó, ignorando así la decisión marco». Jourová respondió que tras el periodo transitorio de cinco años otorgado a los estados para que trasladasen a su legislación interna la directiva, a cada uno de ellos se le había pedido que notificara qué había hecho, añadiendo que la Comisión Europea actuaría conforme a la respuesta recibida.

Pero en noviembre seguía sin haber recibido información española, según explicó en respuesta al eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi. Este había expuesto la posible vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español al tratar de «impedir la acumulación de sentencias y las penas cumplidas en el Estado francés» por los presos y presas vascas. La Comisión insistió en la posibilidad de adoptar procedimientos de infracción contra Madrid si la situación persistía.I.B.