La Guardia Civil no tiene por qué dar explicaciones sobre sus protocolos o sobre cómo distribuye sus fuerzas en Nafarroa. No lo hace ante el Parlamento de Iruñea, a donde no acuden por sistema los delegados del Gobierno pese a los múltiples requerimientos que les ha hecho la Cámara, y tampoco lo hace en Madrid. Al calor de los sucesos de Kaseda, EH Bildu pidió explicaciones en el Senado. Esta semana llegó la contestación del Gobierno: el despliegue de la Guardia Civil es una materia «clasificada» desde 1988. Y, concretamente, se considera «secreto» de estado «la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada».

El primero en sacar a relucir los protocolos del cuerpo después de que los guardias civiles tardaran incomprensiblemente en salir de su cuartel después de que un tiroteo dejara tres muertos a cien metros del acuartelamiento fue el delegado José Luis Arasti. Este emitió un comunicado público defendiendo la actuación del sargento comandante del puesto de Kaseda y del otro miembro de su unidad que se presentó en el lugar, aclarando que estaban fuera de servicio. Ha sido al formular una pregunta oficial para ver en qué protocolo se apoyó Arasti para validar la actuación en Kaseda cuando el Gobierno se enroca en los secretos de estado.

En Nafarroa, prácticamente dos de cada tres cuarteles solo abren hasta las dos de la tarde. Hay un total de 34 cuarteles rurales que abren únicamente unas horas por la mañana y donde nadie está de servicio por las tardes. Esto supone un coste de mantenimiento importante, sobre todo, si se la compara la expansión centralizada de Policía Foral, quien cubre todo el territorio mediante ocho cuarteles.

En concreto, más allá de los propios gastos de conservación de las instalaciones, los suministros básicos a esta red de cuarteles a media jornada suponen unos gastos considerables. El agua, la luz y el gas de estos 34 cuarteles sería de 18.000 euros al mes, según los promedios de gasto que maneja el Gobierno. En muchas ocasiones, estos gastos no se corresponden con necesidades operativas, sino que pertenecen a las familias de guardias civiles que viven allí de forma permanente. El Gobierno no cuantifica estas familias, aunque aclara que el vivir en el cuartel no se refleja en el sueldo de los agentes.

Los datos de “El País”

Mientras el Gobierno se niega a dar estos datos, algunos de las cifras solicitadas aparecieron el pasado fin de semana en un reportaje publicado por “El País”, narrando el progresivo abandono de este tipo de cuarteles obsoletos. En ella aparecen detallados los guardias con los que cuentan cada uno de las 53 casas cuartel. Según este medio, que cita como fuente a la Guardia Civil, habría 603 agentes destinados a la Seguridad Ciudadana en este tipo de cuarteles. Aun así, el mapa tiene algunas imprecisiones, que hacen dudar de la exactitud de la cifra. De otra parte, en las últimas veces que el cuerpo ha dado cifras generales sobre su despliegue en Nafarroa las cifras siempre han bailado. Así, a 1 de enero había 1.487 efectivos. El 31 de mayo, la cifra había descendido a 1.455. Y en octubre, cayó a 1.442. Un pequeño descenso en cuanto a efectivos del 3% en 2018.

Guardia zibila NAFARROAN, ESTATUKO SEKRETU

Jon Iñarritu EH Bilduko senatariak Nafarroan Guardia Zibilak aplikatzen dituen protokoloei buruz galdetu dio espainiar Gobernuari, baina honek auzia «Estatuko sekretua» dela erantzun du. Irailean hiru hildako utzi zituen Kasedako tiroketaren inguruko jardunak zalantzak azaleratu zituen, asko baitira arreta goizez bakarrik eskaintzen duten kuartelak. Nafar Gobernuaren arabera, 180 foruzain gehiagorekin Herritarren Segurtasunerako funtzioak betetzen dituzten guardia zibilak ordezka daitezke.