El próximo 12 de febrero comenzará el juicio contra independentistas catalanes por promover y organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia de Catalunya. Sin duda, va a ser una fecha muy sonada, de esas que luego se recogerán en los libros de historia. Así ocurrió hace 45 años con otra fecha que quedó plasmada como el “Espíritu del 12 de febrero”. Se llamó así porque aquel día de 1974 el último presidente del Gobierno de la etapa franquista, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso para anunciar un cierto aperturismo político. Los partidos políticos estaban prohibidos, pero el franquismo se mostraba dispuesto a permitir «asociaciones políticas» con una serie de requisitos: tener un mínimo de 25.000 afiliados, tener presencia en al menos quince provincias (de este modo evitaban las asociaciones vascas o catalanas) y ser compatibles con el Movimiento Nacional.

Aquel discurso de Arias Navarro –sucesor de Carrero Blanco– fue considerado «liberal» y «aperturista» entre algunos sectores, mientras que el «búnker» franquista arremetía contra él y defendía la represión de los movimientos obreros, estudiantiles e independentistas que cobraban auge en aquellos años.

También la Iglesia vasca sufrió represalias. Solo doce días después del discurso de Arias Navarro, el obispo de Bilbo, Antonio Añoveros, puso a prueba aquel «aperturismo» publicando una pastoral en la que pedía el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística del pueblo vasco. El obispo fue acusado de atacar la unidad nacional española y condenado a arresto domiciliario por el propio Gobierno de Arias Navarro. También hubo intentos de expulsar del Estado español a Añoveros, pero este lo evitó diciendo que solo acataría órdenes directas del papa.

Pocos días más tarde, el 1 de marzo de 1974, Franco se negó a conmutar la pena de muerte al anarquista catalán Salvador Puig Antich, que fue ejecutado un día después a garrote vil. Era un aviso del dictador a sus opositores.

El 20 de noviembre de 1975 a Arias Navarro le brotaron las lágrimas mientras daba una noticia por televisión: «Españoles, Franco ha muerto». A partir de ahí seguirían tres años de reformas para dejar «todo atado y bien atado». Del Régimen franquista se pasó al Régimen del 78, y ahí seguimos anclados 40 años después: la jefatura del Estado está ocupada por el sucesor del Borbón que sucedió a Franco; la Audiencia Nacional sucedió al Tribunal de Orden Público; los crímenes franquistas siguen gozando de total impunidad, y los más altos tribunales siguen imponiendo criterios franquistas en cuestiones políticas clave.

Quién nombra a los miembros de esos tribunales? El presidente del Tribunal Supremo, creado por la Constitución española de 1978, es nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y los doce miembros del Tribunal Constitucional también son nombrados por el rey a propuesta de otros órganos políticos: 4 por el Congreso español, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno español y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros también son elegidos por el Congreso y el Senado. Además, el presidente del CGPJ es el presidente del Tribunal Supremo.

Escapar de esta maraña es imposible. La vía judicial es una vía muerta para los independentistas catalanes o vascos, una trampa legal tejida en la transición de la dictadura a la «democracia». Los tribunales españoles nunca van a permitir referendos de autodeterminación ni declaraciones de independencia.

A esos poderes les basta y les sobra un párrafo de la Carta Magna para evitar esas posibles vías:

Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Franco estableció que la unidad de España es sagrada, lo que equivale a «indisoluble». Los españoles no quieren una España rota, pero ven con total naturalidad un País Vasco roto o unos Países Catalanes rotos. Ni la unidad de Euskal Herria es «indisoluble» ni la unidad de Catalunya es «indisoluble», ya que Francia y España se encargaron de «disolverlos» en sus respectivos Estados. Tampoco hay tribunales vascos o catalanes que puedan juzgar a quienes atentan contra la unidad de estos territorios.

Han transcurrido 45 años del “Espíritu del 12 de febrero” y aquí seguimos, jugando a la baraja española con las normas que se impusieron cuatro años después. Esas normas no son iguales para todos, ni las van a ser. No hay vías legales para que los soberanistas puedan llevar a cabo su programa, ni las va a haber. Los catalanes tomaron conciencia de ello y decidieron romper la baraja. No quieren seguir jugando con cartas marcadas hace más de cuatro décadas.

La respuesta española fue la esperada. Los líderes catalanes que organizaron y promovieron un referendo para conocer la opinión de sus conciudadanos fueron encarcelados o partieron al exilio. El próximo 12 de febrero serán juzgados por un tribunal surgido del Régimen del 78, y luego podrán recurrir la sentencia a otro tribunal, que ratificará la sentencia o la maquillará un poco.

El “Espíritu del 12 de febrero” todavía pervive. Los poderes españoles siguen arrogándose la potestad de decidir si se respetan o no los derechos de quienes propugnan un referendo para decidir libremente si desean o no la independencia de sus territorios.

La «democracia» española no rompió con la dictadura franquista, sino que la adaptó a los nuevos tiempos, y las consecuencias están a la vista. Si alguien tiene dudas de que los independentistas catalanes van a seguir encarcelados y perseguidos, que revisen las sentencias dictadas contra los independentistas vascos.