Catalunya tiene un nuevo cargo público investigado por los tribunales. Se trata, además, del president de la Generalitat, Quim Torra, que ayer fue imputado –investigado, según la actual terminología– por desobediencia al aceptar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la querella presentada la semana pasada por la Fiscalía. Dada la condición de aforado de Torra, será un juez del mismo TSJC, Carlos Ramos, el que instruirá la causa contra el president, que ayer se reivindicó: «Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias», escribió en las redes.

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, presentó la querella por desobediencia la semana pasada, al considerar que Torra hizo caso omiso «consciente y deliberadamente» de los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) sobre los lazos amarillos. En vez de retirarlos –algo que finalmente la Generalitat sí que ha hecho–, el fiscal acusa al president de mantenerlos de forma «encubierta o simbólica», en referencia a la pancarta con un lazo blanco y el mensaje “Libertad presos políticos y exiliados” que inicialmente Torra puso en sustitución del lazo amarillo original.

Tras una instrucción que no debería alargarse mucho –los hechos investigados son muy concretos–, el TSJC deberá decidir si abre juicio oral contra el president, algo que podría acabar con una inhabilitación de hasta dos años. Existe un precedente cercano en Berga, cuya alcaldesa, Montse Venturós, fue inhabilitada por desobedecer las órdenes de la Junta Electoral de retirar la estelada del Consistorio durante una campaña electoral.