16/05/2019

La Fiscalía acusa de organización criminal a los directores de TV3 y CatRàdio

La Fiscalía ha recurrido el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para pedir que a 28 de los 30 imputados en la causa contra el 1-O se les juzgue también por un delito de organización criminal, castigado con penas de cuatro a ocho años de cárcel. Los imputados son, en su mayoría, altos cargos de la Generalitat.

Beñat ZALDUA
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La permanente campaña electoral, ahora con el Senado como campo de batalla, sigue llevándose los grandes titulares en Barcelona y Madrid, pero en el carril judicial que sigue corriendo en paralelo el Estado español no desaprovecha ocasión de dar nuevas vueltas de tuerca. Si el martes vimos la versión más descarnada del juez Manuel Marchena en el Supremo, ayer fue el turno del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde están procesadas 30 personas, en su mayoría altos cargos de la Generalitat, aunque también empresarios y periodistas. La Fiscalía recurrió ayer el auto de procesamiento del pasado 9 de abril para pedir que a 28 de los imputados se les juzgue también por un delito de organización criminal.

Con penas previstas de cuatro a ocho años, este delito se sumaría a los de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y malversación de caudales públicos, ya incluidos en el auto de procesamiento. El argumento de la Fiscalía es que «existió un plan común y cada una de las personas dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación contribuyeron de manera decisiva a la consecución de la celebración del referéndum». Entre los afectados destacan la directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente.

Pero hay una vuelta de tuerca más. El Juzgado rechazó aceptar los 3,7 millones de euros aportados por la Caja de Solidaridad para hacer frente a la fianza de 5,8 millones impuesta. La razón esgrimida fue que el dinero lo deben aportar los investigados y no una Caja de Solidaridad. La consecuencia: el inicio del procedimiento para embargar los bienes de los imputados.

Torra ante el TSJC

El capítulo judicial del día no acabó en ese juzgado. Tras la querella presentada por la Fiscalía por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat, el president, Quim Torra, tuvo que declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Tras hacerlo, denunció «la maniobra política que quiere sentarme en el banco de los acusados por desobediencia o prevaricación» y reiteró que se resistió a atender los requerimientos «ilegales» de la JEC en defensa de la libertad de expresión.

En el capítulo de los contraataques judiciales, precisamente dos vocales de la JEC fueron los objetos de una querella presentada ayer por el president Carles Puigdemont.

 

ERC y JxCat ratifican su negativa a designar a Iceta como senador

ERC y JxCat confirmaron ayer que hoy votarán en contra de la designación del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como senador, paso previo a poder ser elegido presidente de la Cámara Alta, tal y como tiene pensado el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Ciudadanos y PP anunciaron su abstención, por lo que, si nada cambia, el pleno del Parlament rechazará esta mañana el nombramiento de Iceta, que pretendía compaginar la Presidencia del Senado con el liderazgo del PSC y la presidencia del grupo parlamentario en la Cámara catalana.

ERC y JxCat, igual que ya lo había hecho la CUP, recordaron al PSOE que si querían a Iceta en el Senado podían haberlo presentado a las elecciones y que no es de recibo tratar ahora de chantajearles con un nombramiento “ad hoc”.GARA

EMBARGO DE BIENES


El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona rechazó los 3,7 millones de euros aportados por la Caja de Solidaridad para hacer frente a la fianza de 5,8 millones, e inició el procedimiento para embargar los bienes de los imputados.