El fiscal ya ha presentado su escrito en el que solicita apertura de juicio oral en la Audiencia de Bizkaia y califica los delitos supuestamente cometidos por José Luis Erezuma y otras cinco personas por el fraude de certificaciones de obras en 2011 para solventar deudas que el Consistorio de Alonsotegi mantenía con la firma Laneder Construcciones a raíz de la quiebra de la sociedad municipal Eraikiz. Solicita para todos ellos una pena de prisión de 6 años e inhabilitación absoluta de 10 años.

A pesar de la gravedad de los hechos que van a ser juzgados, Erezuma sigue vinculado al PNV. En las elecciones municipales fue interventor y apoderado por esas siglas.

Además de quien fuera primer edil de 2011 a 2015, los acusados son la arquitecta asesora municipal Marta Novo, el administrador de Arkideaiak Alberto Zulueta, el aparejador Juan Torrontegi, así como los propietarios de Laneder Construcciones Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra.

Según el relato que se desprende de la instrucción judicial, estas personas se pusieron de acuerdo aprovechando unas lluvias intensas que se produjeron entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011, para solicitar a la Diputación subvenciones para realizar obras de reparación de supuestos daños causados.

Estos trabajos, apunta el Ministerio Público, «buscaban dar cobertura a la obtención de un beneficio económico ilícito» por parte de la empresa constructora, Zulueta y Torrontegi mediante el pago por parte del Ayuntamiento de los 600.000 euros de las arcas forales y de otros 81.392,38 euros del presupuesto municipal. Para ello, los acusados elaboraron y presentaron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obras y facturas «sin contenido económico real» al Consistorio y este a su vez a la Diputación.

Estima que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y otro por destino/mercantil, fraude a las administraciones públicas, todos ellos en concurso con otros delitos de fraude de subvenciones y malversación. El entonces alcalde es considerado el autor mientras a los otros acusados se les considera cooperadores necesarios. En el caso de José Luis Erezuma y Marta Novo, se apunta el agravante del cargo público que ocupaban.